sábado, 31 de agosto de 2013

Presentación y contenidos. Revista No. 07




Editorial.

¿Qué tipo de revista es nuestra revista?  Con estos breves párrafos quiero dar una idea general sobre nuestra publicación, una revista que al nacer en 2010 como una apuesta por la formación investigativa de estudiantes de la Facultad de Derecho de la USBMED, se encuentra hoy día inmersa en una perspectiva mucho mas amplia. En este ejemplar publicamos ocho artículos que recogen el trabajo de estudiantes de siete universidades (USBMED, UDEA. UDEM, UNIVALLE, UCALDAS, UPB y USTA) y siete áreas de conocimiento: derecho, trabajo social, ciencia política, sociología, economía, administración de empresas y diseño industrial.

Este ejemplar da cuenta de nuestro objetivo por contribuir a hacer visible el trabajo de semilleros y grupos de investigación que involucran el trabajo de estudiantes de pregrado. Así mismo, además de nuestro enfoque hacia áreas de las ciencias sociales y sociojurídicas, hemos dado cabida a artículos escritos en el marco de de semilleros de contaduría, economía, administración de empresas y –en este número en particular- diseño industrial.

El consolidar este espacio como una plataforma de difusión de grupos y semilleros nos perfila como un puente privilegiado para que estudiantes, profesionales, grupos y semilleros hagan no solo visible su trabajo a la comunidad académica, sino que también sea un espacio para fortalecer procesos pedagógicos. El nivel de exigencia que hemos establecido implica que para publicar los artículos que seleccionamos, no solo deben contar con un aval académico de grupos, semilleros o unidades académicas a que pertenecen los y las autoras, sino que además sean sometidos a un proceso de evaluación de pares y correcciones editoriales.

Este nivel de calidad alcanzado nos ha ganado el reconocimiento a de estudiantes, grupos y universidades, quienes encuentran en nuestra revista un espacio idóneo para dar a conocer resultados de investigación y reflexiones académicas. Es así que, en ocasiones, algunos artículos publicados son válidos en algunas universidades como una modalidad de trabajo de grado para sus estudiantes.

Esta revista es, en suma, una apuesta académica para apoyar el trabajo de grupos y semilleros de investigación, en particular para  fortalecer la formación de los y las estudiantes que asumen el reto de escribir artículos académicos.




(Click en la imagen para descargar la revista completa)


Indice





Juliana Vélez Echeverri
Universidad de Medellín




Paula Andrea Cardona Parra
Universidad Pontificia Bolivariana
de Medellín




Francisco Javier Cardozo
Oscar Mauricio Orozco
Universidad del Valle




Jusstine Jaineth Flye Vergel
Universidad Santo Tomas
sede Bucaramanga




Catalina Morales Montero
Universidad de Caldas 




Paola Ortiz Rivera
Universidad de San Buenaventura,
Medellín.



Fabiana María Martínez Moreno
Maira Alejandra Giraldo Naranjo
Angélica María López Velásquez
Universidad de Antioquia



 
Cinthya Melgarejo A.
Indira Rodríguez Gilón
Universidad de San Buenaventura,
Medellín












 REVISTA CULTURA INVESTIGATIVA

No. 07 Julio-Diciembre de 2013
ISSN: 2027 - 8993

Facultad De Derecho
Universidad De San Buenaventura
Seccional Medellín

Rector:
Fray José Wilson Téllez Casas, O.F.M.

Secretario General:
Fray Hernando Meza Medina , O.F.M.

Decana:
María Isabel Lopera Vélez 

Editor:
Nicolás Espinosa M.

Comité Editorial:
Carlos Augusto Giraldo. Candidato PhD Ciencias Sociales
Geovanna Andrea Vallejo, Abogada. PhD Derecho
Juan Pablo Uribe Barrera Abogado. Mg. Derecho Penal

Pares Académicos:

Internos:
Geovanna Andrea Vallejo, Abogada. PhD Derecho
Juan Pablo Uribe Barrera Abogado. Mg. Derecho Penal
Carlos Augusto Giraldo. Candidato PhD Ciencias Sociales

Externos:
Harvy Vivas. Economista. Phd. Economía
Erika Andrea Ramirez. Abogada. Mg. Estudios Territoriales
Ana María León Taborda. Nutricionista. Mg. Antropología.
Carlos Mejía Walker. Abogado. Mg. Ciencia Política.
María Eugenia González, Antropóloga. Mg. Estudios Políticos
Michael Tavera Osorio. Comunicador
Henry Andrés Forero, Abogado. Mg. Semiótica.


Corrección de estilo:
Nicolás Espinosa

Periodicidad:
Semestral

Dirección de contacto:
revista.culturainvestigativa@gmail.com

Portada:
Andrés José Espinosa,
primoandres@gmail.com











La verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz y las enseñanzas para un nuevo proceso de paz

Resumen[1]
El presente artículo aborda las deficiencias del proceso de justicia transicional desarrollado en la Ley de Justicia y Paz, que han impedido el conocimiento de la verdad. El reconocimiento de estos errores da lugar a que en caso de lograrse un acuerdo de paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, los mismos no sean cometidos. En este texto se resaltará la importancia de la verdad en los procesos de paz, debido a que esta se configura como un derecho de las víctimas y de la sociedad, y un medio para alcanzar una paz real.

Palabras claves: Verdad, paz, justicia, proceso de paz, justicia transicional.

Artículo Recibido: Diciembre 2012   Artículo Aceptado: Mayo 2013



Juliana Vélez Echeverri
Derecho, estudiante de quinto año.
Universidad de Medellín


The truth in the Justice and Peace Law and lessons for a new peace process

Summary
This article studies the deficiencies of the transitional justice process developed in the Justice and Peace Law that have impeded the knowledge of true. Acknowledging these mistakes allow that in the case of the achievement of a peace agreement between the government of Juan Manuel Santos and the FARC, such errors would not be committed again. The main objective of this text is to stand out the value of truth in peace processes, because it constitutes as a right of victims and society, and a way to achieve a real peace.

Keywords: Truth, peace, justice, peace process, transitional justice



Introducción



El proceso de justicia transicional planteado en la Ley de Justicia y Paz -Ley 975 de 2005- es el antecedente más inmediato del nuevo proceso de paz que se está gestando entre el actual gobierno y las FARC; no por la identidad de los actores del acuerdo, sino por la intención de buscar una paz negociada. Esta situación implica que sea fundamental preguntarse por las deficiencias del proceso adoptado en Justicia y Paz para que los mismos errores del pasado no sean cometidos.

El análisis de este texto se centrará en las debilidades del Ley 975 de 2005 con respecto al reconocimiento y garantía del derecho a la verdad. Esto con el fin de que se superen los problemas del proceso pasado, y en ese sentido, se reconozca la verdad como una condición para la reconciliación y la paz, partiendo del presupuesto expuesto por Bassiouni (1996: 24) en el que la verdad es un imperativo, y no una opción que pueda ser desplazada por conveniencias políticas[2].

En un primer lugar, se hará precisión sobre lo que se entiende por verdad para efectos del texto, consiguientemente se señalarán los aspectos de la Ley 975 de 2005 que se consideran medios inadecuados para el alcance de la verdad. Finalmente se hará referencia a los resultados de dicha ley en materia de verdad, lo que va a permitir una confrontación entre la teoría y la realidad que dará cuenta de los pocos logros de este proceso de justicia transicional.

1.  Precisiones sobre la verdad

La verdad además de erigirse como un derecho individual de las víctimas a conocer las circunstancias en las que ocurrieron los crímenes atroces con ocasión de un conflicto armado o un régimen autoritario, se constituye como un derecho colectivo de la sociedad a conocer las razones por las que los mismos fueron cometidos, una condición para que los derechos a la justicia y a la reparación sean garantizados, y un presupuesto para la no repetición de los hechos (Uprimny et al, 2006a: 1). Estas múltiples formas por las cuales se instituye la verdad, implican diversas maneras de reconstrucción de la misma, creándose mecanismos que den lugar al conocimiento de la verdad individual y colectiva, y al mismo tiempo permitan el surgimiento de efectos reconciliadores y garantes de la no recurrencia en los mismos hechos.

En ese sentido, Uprimny et al (2006a) hace referencia a tres formas de reconstrucción de la verdad: la verdad judicial referida a la verdad conocida en los procesos judiciales contra los victimarios, la verdad extrajudicial institucionalizada que es aquella obtenida en espacios institucionalizados no judiciales, creados especialmente para la reconstrucción histórica de la verdad y conocidos como Comisiones de la Verdad, y la verdad social no institucionalizada que es la verdad conocida a través de medios no institucionalizados como son los relatos de historiadores, periodistas, entre otros[3].

2.  Afectaciones al derecho a la verdad en la Ley de Justicia y Paz

Los procesos de justicia transicional derivados del contexto en el que se implementan, ya sea en medio de un conflicto armado cuya pretensión es la superación del mismo, o en situaciones de post-conflicto, implican tensiones políticas y jurídicas de tal trascendencia, que si no se desarrollan bajo los lineamientos del derecho[4], podría ocurrir que en nombre de la paz se “legalice” la impunidad. Esto puede estar determinado por el hecho de que generalmente quienes negocian la paz suelen ser los mismos que, en el desarrollo del conflicto y con ocasión a éste, han cometido los más graves crímenes, por lo tanto, frente a la dicotomía engañosa de escoger entre la paz o la justicia, la respuesta ha sido: paz ahora y justicia en otro momento (Bassiouni, 1996: 12).

La defensa del derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación se perfila como una lucha contra la impunidad, a veces reinante en estos procesos. Un compromiso serio por parte del Estado con la garantía y efectiva protección de estos derechos no se configura solamente con la satisfacción a las víctimas, sino también como medio necesario para alcanzar la paz.

La verdad analizada desde las consecuencias derivadas de su conocimiento permite, en un contexto de justicia transicional, reconocer la necesidad de esta en un proceso que pretende alcanzar la paz. La garantía de no repetición, la lucha contra la impunidad, la memoria histórica y el derecho a saber[5] de las víctimas son algunas de las razones por las cuales se afirma que la verdad está íntimamente ligada con la paz, la justicia y la reparación. El conocimiento efectivo de las tragedias humanas minimiza las posibilidades de repetirlas, permite la identificación de los responsables de los crímenes cometidos y puede ser una forma de satisfacer la reparación[6]. Bajo estos lineamientos, a continuación se señalarán aquellos puntos desarrollados en la Ley de Justicia y Paz que repercuten desfavorablemente en el esclarecimiento de la verdad:

2.1 La no exigencia de la confesión plena

La fórmula principal establecida en la Ley 975 de 2005 con respecto al esclarecimiento de la verdad, es la versión libre de los desmovilizados (artículo 17 Ley 975 de 2005). En momentos de discusión, aprobación y control de constitucionalidad de dicha ley; el poder ejecutivo, legislativo y judicial adoptaron posiciones graduales y distintas. El Gobierno rechazó la exigencia de una confesión plena, el Congreso de la República al aprobar la Ley 975 de 2005 no la rechazó pero tampoco la exigió, y por último, la Corte Constitucional, categóricamente afirmó que quién no confiese totalmente los crímenes cometidos, no podrá acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz (Sentencia C-370 de 2006. Varios ponentes, consideración jurídica N° 6.2.2.1.7.27).

Durante los debates del proyecto de la Ley 975 de 2005, el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez defendía la postura de que la exigencia de una confesión plena, como requisito para acceder a la pena alternativa, era una medida inconstitucional debido a que se violaba el principio de la no autoincriminación (Uprimny, s.f: 15). En palabras del ex-comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, sustentadas en la Sentencia C-621 de 1998, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo:

“…recordando que la Constitución consagra el ‘derecho a guardar silencio’ como garantía de los derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado, consideró la Corte que la 'exhortación a decir la verdad' rompía abiertamente la naturaleza libre y voluntaria que debe caracterizar a la diligencia de indagatoria (…) Forzar, así sea de manera velada, un acto de confesión, reduce el derecho de defensa y viola la Constitución.” (Restrepo, 2007)

El Código de Procedimiento Penal Colombiano establece en el Artículo 8 literal. B, el derecho que tiene todo imputado a no autoincriminarse, sin embargo éste puede ser renunciable, debido a que existe la posibilidad de declararse culpable para obtener beneficios en el proceso, por ejemplo: el Artículo 367 del mismo Código se refiere a que una vez instalado el juicio oral, en caso de que el acusado se declare culpable voluntariamente, éste tendrá derecho a la rebaja de la sexta parte de la pena imponible a los delitos aceptados. Asimismo, la Corte Constitucional en las sentencias C-394 de 1993, C-425 de 1996 y C-277 de 1998 ha declarado la validez de la confesión voluntaria, libre y consciente (Uprimny, s.f: 17).

La posición del ex-comisionado de paz era bastante confusa, debido a que no diferenciaba entre la coacción para confesar y la justicia negociada (Uprimny, s.f: 18). La primera evidentemente inconstitucional, porque quebranta la voluntad del procesado. La segunda, por el contrario, se determina por la voluntad libre y consciente de aceptar las consecuencias de la conducta delictiva  (Uprimny, s.f: 17). El tratamiento de las mismas es sustancialmente diferente en el derecho colombiano. Por lo tanto, no existe ningún argumento constitucional que impida una confesión plena y veraz a cambio de beneficios punitivos (Uprimny, s.f: 19).

Por su parte, la Corte Constitucional para definir si los procedimientos de la Ley 975 de 2005 respondían adecuadamente a la exigencia del conocimiento de la verdad, en sentencia C-370 de 2006[7] del 18 de mayo de 2006, recurrió a la fijación de parámetros que dicha norma debe cumplir: el reconocimiento del delito cometido, la respectiva investigación en un tiempo razonable, la identificación de los responsables, conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se comete el hecho criminal, y que todo ello conduzca a la reconstrucción del fenómeno macrocriminal (Sentencia C-370 de 2006. Varios ponentes, consideración jurídica N° 6.2.2.1.7.12).

Teniendo en cuenta los supuestos anteriores, encontró la Corte Constitucional que la Ley 975 de 2005 no promovía efectivamente el descubrimiento de la verdad, sustentando esta afirmación en dos puntos principalmente: (i) no se incentiva la revelación plena de la verdad sobre los delitos cometidos y (ii) no existe consecuencia alguna para la mentira o el ocultamiento de los mismos. La exigencia para acceder a la pena alternativa no es una confesión plena y fidedigna, sino simplemente la aceptación de los cargos que el Estado está en capacidad de imputar, sin que tenga alguna relevancia jurídica que el desmovilizado dé una versión falsa de los hechos o solo cuente una verdad parcial (Sentencia C-370 de 2006. Varios ponentes, consideración jurídica N° 6.2.2.1.7.16).

Bajo los lineamientos del Artículo 25 de la Ley 975 de 2005, el postulado podría volver a ser juzgado por nuevos delitos conocidos y no versionados, sin perder el beneficio de la pena alternativa siempre que el Estado no pruebe la intencionalidad de la omisión. Si no logra demostrarla, el postulado podrá seguir disfrutando de la pena alternativa, y si constata efectivamente que existieron hechos ocultados o falsificados, se le impone una nueva pena alternativa que será acumulable a la ya pagada y que en ningún caso será mayor a 8 años, es decir, si lleva 8 años de prisión y lo condenan a otra pena alternativa por el mismo tiempo, no tendrá un día más en la cárcel porque superaría el tope máximo (Sentencia C-370 de 2006. Varios ponentes, consideración jurídica N° 6.2.2.1.7.18).

La Corte Constitucional decidió declarar la inexequibilidad del aparte del mencionado artículo, afirmando que aun cuando el Estado realice todas las operaciones investigativas pertinentes, estas nunca van a ser suficientes para esclarecer la verdad sobre los hechos; las desapariciones forzadas, los desplazamientos masivos, las fosas comunes en lugares inhóspitos son hechos que pueden quedar en el silencio si los mismos perpetradores no los confiesan plenamente (Sentencia C-370 de 2006. Varios ponentes, consideración jurídica N° 6.2.2.1.7.20). Por lo tanto, es necesario que el Estado desarrolle los mecanismos adecuados que den lugar al conocimiento de la verdad plena e imponga cargas proporcionales a los beneficios concedidos, incluso cuando de ello depende la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad (Sentencia C-370 de 2006. Varios ponentes, consideración jurídica N° 6.2.2.1.7.21). Solo el conocimiento detallado de los hechos permite dimensionar la realidad de lo sucedido y adoptar medidas de no repetición (Sentencia C-370 de 2006. Varios ponentes, consideración jurídica N° 6.2.2.1.7.22). Bajo los mismos argumentos, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Artículo 17 de la Ley 975 de 2005, en el entendido de que la versión libre deberá ser completa y veraz (Sentencia C-370 de 2006. Varios ponentes, consideración jurídica N° 6.2.2.1.7.26).

Durante el período de libertad a prueba que sucede al cumplimiento de la pena alternativa, esta no será revocada si se cumplen las obligaciones de no reincidencia, con una presentación periódica ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial por parte del respectivo beneficiario y, en caso de cambio de residencia, el correspondiente aviso a la ya mencionada corporación (Artículo 29 Inciso 4-5, Ley 975 de 2005). La Corte Constitucional consideró que el cumplimiento de estas obligaciones no es requisito suficiente para mantener el beneficio de la alternatividad, por lo tanto, declaró la exequibilidad de dicho aparte, bajo el entendido de que se revocará el mismo cuando el beneficiario oculte delitos en la versión libre que haya cometido con ocasión de la pertenencia a un grupo armado, siempre que exista una condena sobre estos y el ocultamiento sea relevante para el esclarecimiento de la verdad y la trascendencia en el proceso de paz (Sentencia C-370 de 2006. Varios ponentes, consideración jurídica N° 6.2.2.1.7.27).

La interpretación de este aspecto le corresponderá al juez, sin embargo, podría ocurrir que bajo este supuesto se pretendan exigencias maximalistas, entendidas como un ocultamiento de tal envergadura que determine en gran medida la verdad del proceso de paz en su conjunto, y que se deje de un lado el derecho que tienen las víctimas a saber sobre los hechos que las victimizaron. Si el conocimiento del paradero de un solo desaparecido no puede ser en principio una verdad trascendente y relevante en el proceso de paz, sí lo es para sus familiares[8].

2.2  Falta de una estrategia global de investigación.

Ambos (2010: 136) se refiere a esta falencia, estableciendo que el resultado de la falta de una 'estrategia global de investigación' es la imposibilidad del conocimiento efectivo del fenómeno de la macrocriminalidad. La versión libre de los postulados permite conocer simplemente hechos aislados de delincuencia, debido a que las audiencias de imputación y formulación de cargos se caracterizan por la enumeración de hechos delictivos en los que no se define la dependencia de los mismos con las razones que dieron lugar a los patrones de violencia generalizada (Ambos, 2010: 136), un ejemplo de ello son las sentencias dictadas contra alias “El Iguano”, alias “Juancho Dique” y “Diego Vecino”, en las que se realizó una reconstrucción individual de los hechos sin que se refiriera a la relación con el contexto regional o nacional en el cual se desarrolló, para definir la sistematicidad de los delitos cometidos (CITpax, 2011: 173).

Esta consecuencia también se deriva del mecanismo de postulación voluntaria, en el que muchas veces los desmovilizados son combatientes rasos sin información suficiente sobre los motivos del grupo armado organizado al margen de la ley para cometer ciertos delitos (Ambos, 2010: 138). Es necesario conocer los factores que desencadenan la macrocriminalidad para tomar las medidas adecuadas tendientes a reducirlos, y en el mejor de los casos a eliminarlos.

Los mecanismos para alcanzar la verdad en la Ley 975 de 2005 privilegian el proceso judicial sobre las otras formas de reconstrucción de la misma, lo que ha llevado a que se visibilice en gran medida los aspectos delincuenciales de la guerra, desconociendo sus aspectos políticos (Centro de Memoria Histórica, 2012: 26), lo que conlleva a un gran número de respuestas jurídicas insuficientes para entender la verdad del conflicto.

Un proceso de paz, cuyo objetivo es el logro de una reconciliación “capaz de generar prácticas sociales y directrices que posibiliten verdaderas transformaciones en sus miembros” (De Gamboa, 2004: 86), es posible en la medida en que la barbarie del conflicto se reconozca como eso y no como la normalidad de la violencia diaria. Para responder a tales objetivos se requiere de estrategias ambiciosas[9] que den cuenta del fenómeno de la violencia generalizada para poder garantizar efectivamente la no repetición de los hechos.

2.3  Limitaciones fácticas

Existen situaciones que causan dilaciones constantes e injustificadas en los procesos: los aplazamientos de las audiencias; la poca claridad sobre la pertinencia de las audiencias colectivas de versiones libres; la precaria comunicación entre la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sobre el traslado de los postulados que imposibilita la comparecencia de estos en la fecha y hora requeridos; cambios de fiscal sin haber terminado las versiones libres (Mapp-OEA, 2011:31) y la falta de coordinación entre las instituciones para practicarlas y verificar la información obtenida (Ambos, 2010: 136).

Además de ello, no existe suficiente garantía de protección a los intervinientes que quieren individualizar responsabilidades, siendo las víctimas los principales objetivos al ser amenazadas cuando asisten a las versiones libres o a otras audiencias (Ambos, 2010: 89). Frente a esta situación, el entonces Ministerio del Interior y de Justicia[10] expidió el Decreto 1737 de 2010 por medio del cual se establece el Programa de Protección para Víctimas y Testigos en el marco de la Ley 975 de 2005. Sin embargo y a pesar de estos esfuerzos, las víctimas tienen una concepción desfavorable de este Programa debido a los problemas de seguridad de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas[11] (CITpax, 2011: 162). Las deficiencias en la operatividad de la norma y el contexto de violencia aún imperante son factores que impiden el conocimiento de una verdad efectiva.

Otra situación fáctica que ha sido calificada por la doctrina como un obstáculo al conocimiento de la verdad, es la limitación existente al conocimiento público de las versiones libres y la exigencia a la víctimas de acreditar tal calidad[12]. La Comisión Colombiana de Juristas (2007: 131) afirma que dicha petición resulta absurda porque muchas de las víctimas no conocen al perpetrador que las victimizó, siendo esa una de las razones para acudir a la versión libre.

Sin embargo, la Corte Constitucional estableció: (i) la exigencia de acreditación de la calidad de víctima es una carga procesal mínima para demostrar la legitimación en la causa, lo cual no restringe desproporcionadamente el acceso a la información de las víctimas (Sentencia T-049 de 2008. Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, consideración jurídica N° 29) y (ii) la transmisión de las versiones libres en medios de comunicación no es válida debido a que éstas no son una fuente de información veraz, al ser una primera averiguación no sujeta aún a verificación por parte del Estado (Sentencia T-049 de 2008. Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, consideración jurídica N° 21).

2.4  Centro de Memoria Histórica

El objeto del Centro de Memoria Histórica es: recopilar archivos -documentos y testimonios- sobre el conflicto armado y las violaciones de derechos humanos que dentro del mismo han acaecido, fomentar la investigación histórica sobre el conflicto armado en Colombia, realizar actividades que tengan como finalidad promover el valor de los derechos humanos, entre otros (Artículo 145° Ley 1448 de 2011). Todo ello con propósitos académicos y encaminados a cumplir con el deber de memoria en cabeza del Estado[13]. Este Centro de Memoria Histórica no tiene funciones jurisdiccionales y no puede establecer responsabilidades individuales, salvo que tengan respaldo judicial (Ambos, 2010: 139).

La razón por la que este Centro no se configura como una comisión de verdad es la inseguridad de la implementación de esta en un contexto de conflicto armado, las vidas de los investigadores que trataran de desentrañar las verdaderas causas del conflicto estarían expuestas a un alto riesgo (Ambos, 2010: 139). Además, como lo afirma Uprimny et al (2006: 153), el establecimiento de mecanismos extrajudiciales de reconstrucción de la verdad, como la creación de una comisión de verdad en Colombia, podría ser bastante peligroso, dado que el conocimiento de hechos pasados podría ocasionar represalias de los actores armados y en esa medida, la agudización de la violencia en el país. Esta una de las razones por las que en la Ley 975 de 2005 se optara por la verdad judicial y se establecieran limitadas funciones al Grupo de Memoria Histórica que hoy se conoce como Centro de Memoria Histórica[14].




2.5                La extradición

Basado en el capítulo “Colombia” del libro Justicia de Transición, se resumirá el contexto de las extradiciones realizadas en el año 2008 por el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, para luego entrar a definir los efectos de esta institución jurídica en el derecho a la verdad.

En abril de 2008, el Gobierno ordenó la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez alias “Macaco” desmovilizado en el año 2006, argumentando la continuación de actividades delictivas desde la cárcel, entre ellas tráfico de drogas. Hecho que generó reacciones y que dio lugar a que la Corte Suprema de Justicia en audiencia pública del 10 de abril de 2008, dispusiera que ningún desmovilizado pudiera ser extraditado si no había cumplido con las obligaciones de la Ley de Justicia y Paz, afirmando que prevalecían los derechos de las víctimas sobre los tratados de extradición por delitos de drogas. Las víctimas interpusieron acción de tutela para suspender la extradición, pero esta fue negada por no ser un mecanismo idóneo para solicitarla. El Poder Ejecutivo criticó la posición del poder judicial y adelantó el decreto reglamentario 1364 del 25 de abril de 2008[15], por medio del cual se dio la facultad de excluir a desmovilizados de la Ley 975 de 2005 en el evento de seguir delinquiendo. Este decreto no había sido puesto a control de legalidad, sin embargo, se adelantaron las extradiciones bajo la presunción de legalidad del mismo, por lo tanto, en la madrugada del 13 de mayo de 2008, fueron extraditados 14 de los jefes paramilitares más importantes[16], aquellos que desencadenaron el escándalo de la Parapolítica[17]. Se acordó con la Embajada norteamericana que cumplidas las penas en su país, los paramilitares serían remitidos a Colombia para ser juzgados por delitos de lesa humanidad (Aponte, 2009: 253-256).

Estas actuaciones del Gobierno trajeron como consecuencia que los jefes paramilitares no pudieran seguir contándole la verdad al país, ni informándole a las víctimas dónde se encontraban sus familiares (Aponte, 2009: 256).

Aunque algunos extraditados sigan colaborando con la Ley de Justicia y Paz por medio de videoconferencias, y se hayan tenido en cuenta sus testimonios para imputar cargos a sus colaboradores, como el testimonio de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’ en la imputación de cargos al general (r.) Mauricio Santoyo[18], parece impracticable que las actuaciones procesales de Justicia y Paz se puedan seguir llevando a cabo con el procesado en el extranjero, además de ello, todo depende del deseo de colaborar de los extraditados (Ambos, 2010: 144).

Sin perder de vista que la Ley 975 de 2005 establece que frente a la reincidencia, el desmovilizado será excluido del proceso y juzgado por la justicia ordinaria; la extradición es una maniobra política que desconoce los lineamientos de este proceso de paz.

En uno de los puntos referidos anteriormente, se explica que entre los limitantes al conocimiento de la verdad, se encuentra que la mayoría de postulaciones voluntarias a este proceso, son de combatientes rasos sin información suficiente para crear una teoría de la violencia generalizada. Pero cuando un jefe paramilitar comienza a hablar y a revelar verdades tan sensibles para la opinión pública como la parapolítica, es excluido del proceso y enviado a otro país –en todos estos casos, a EEUU- donde difícilmente puede ser escuchado. Dilema que descubre la existencia de intereses políticos que se sobreponen a las obligaciones jurídicas porque, y es innegable, hay una verdad que no se quiere que sea conocida. El Estado, responsable en gran medida del fenómeno paramilitar, permitiendo que este último se lograse infiltrar hasta en sus instituciones más importantes, como el Congreso de la República, no va a permitir que la verdad de su responsabilidad sea conocida.

Por último y para dar cuenta de lo que ocurre con las extradiciones actualmente, desde el año 2009 la Corte Suprema de Justicia se ha opuesto a la extradición de paramilitares que no hayan cumplido las obligaciones de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, el 14 de agosto del 2012, este Tribunal aceptó el pedido de extradición de José del Carmen Gélvez Albarracín, alias “el Canoso”[19], argumentando que éste no ha contribuido a esclarecer la verdad, ni a reparar a las víctimas. Según el portal Verdad Abierta, alias “el Canoso” ha venido confesando sus crímenes desde 2006 y ha sido pieza clave en las condenas por Parapolítica de Javier Cáceres (ex-presidente del Congreso de la República), Trino Luna (ex-gobernador del Magdalena), Luis Eduardo Vives (ex-congresista), Jorge Caballero (ex-congresista) y Alonso Campo Escobar (ex-congresista). Además sus señalamientos han llegado hasta incriminar al ex-presidente Álvaro Uribe Vélez y a sus hijos, Tomás y Jerónimo Uribe (Verdad Abierta, 15 de agosto de 2012). Por lo tanto, los argumentos de la Corte Suprema de Justicia quedan en entre dicho frente a los logros derivados de la confesión de alias el Canoso. “Al cambiarse esta jurisprudencia es claro que para esta Corte es más importante el delito del narcotráfico que haber asesinado y masacrado a colombianos” (Duzán, 2012).

3.  Resultados

El objeto de este aparte es mostrar cómo las limitaciones desarrolladas anteriormente, han derivado en resultados no muy satisfactorios para el esclarecimiento de la verdad en el proceso planteado en la Ley 975 de 2005:

3.1  Diligencias de audiencia de versión libre sin terminar

Según datos del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), en el año 2010, el porcentaje de versiones libres sin terminar fue del 71%, lo que implicó un aumento con respecto al año 2009 en el que se logró un índice menor del 47% (CITpax, 2011: 156). Si bien, en el año 2010 se terminaron 698 versiones libres, en el año 2011 la cifra se redujo a 40, culminando el año 2012 con un total de 12 versiones libres terminadas, lo que da cuenta de que a mayor cantidad de versiones libres, debido al aumento del número de postulados, menor es la capacidad institucional para diligenciarlas, generando la congestión del proceso (CITpax, 2012: 8).

3.2  Esclarecimiento de la verdad en las versiones libres

El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, en el año 2011, señala:

“…menos del 54% de los procesados, que constituyen aproximadamente el 4,5% de todos los desmovilizados, ha contribuido al derecho a la verdad por medio de versiones libres. Aunque sus confesiones revelaron un número importante de homicidios, no permiten conocer plenamente la diversidad, el contexto y el carácter sistemático de los actos cometidos por las organizaciones paramilitares” (OHCHR, 2011: 9).

3.3  Seguridad de los defensores de derechos humanos y de víctimas.

Como se refirió anteriormente, el entonces Ministerio del Interior y de Justicia en el año 2010 expidió el Decreto 1737 por medio del cual se estableció el Programa de Protección para Víctimas y Testigos. Para ese mismo año este organismo reportó la atención de 1.544 solicitudes de protección a víctimas y testigos, lo que corresponde al 0,4 de víctimas registradas (CITpax, 2011: 162). Según el portal Verdad Abierta, de acuerdo con el Informe del Programa Somos Defensores,

“… en 2011 se presentaron 239 agresiones, 65 más que en 2010, de las cuales 140 corresponden a amenazas directas, 49 a asesinatos y 17 a atentados a miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos” (Verdad Abierta, s.f).

Cifras que representan un aumento del 36% de amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas en contra de defensores de derechos humanos (Verdad Abierta, s.f). Asimismo, desde el año 2002 hasta el 2011 han sido asesinados 47 líderes de víctimas que participaban activamente en procesos de restitución de tierras (CITpax, 2011: 162).

3.4  Participación efectiva de las víctimas en el proceso penal

CITpax (2012: 10) afirma que la posibilidad de participación de una víctima en el proceso está determinada porque ésta sea relacionada en los hechos confesados por el postulado, lo que implica la exclusión de un gran número de personas registradas como víctimas. Dicho Centro establece que para el año 2010, el porcentaje de víctimas relacionadas en los hechos confesados respecto de las víctimas registradas era del 11%, lo que disminuyó en el 2011 con un 9%.

Sin embargo, para enfrentar esta situación, la Fiscalía General de la Nación optó por realizar jornadas de atención a víctimas y transmisión de las versiones libres para permitir que más víctimas tuvieran la posibilidad de participar en los procesos, esfuerzos que no han sido suficientes para lograr una fuerte e incluyente participación de éstas en el proceso (CITpax, 2011: 164).

Para el año 2012, la exclusión de las víctimas registradas respecto a las víctimas confesadas por los postulados fue del 88%, es decir, solo 46.106 víctimas (12%) pudieron participar efectivamente en el proceso de un total de 386.069 posibles víctimas (Verdad Abierta, 31 de octubre de 2012), aumentando la participación de éstas en un 3% con respecto al año 2011, pero manteniendo un porcentaje bastante alto de exclusión del grupo de víctimas que han sido registradas, pero no relacionadas en hechos confesados por los postulados.

3.5  La Extradición

La extradición de postulados ha provocado la negativa de la mayoría de estos de continuar en el proceso de Justicia y Paz. De los 29 extraditados por tráfico ilegal de estupefacientes, solo 6 de ellos siguieron vinculados a dicho proceso (CITpax, 2012: 8), estos son: Salvatore Mancuso, Guillermo Pérez Alzate alias 'Pablo Sevillano', Miguel Ángel Mejía Múnera alias ‘El Mellizo’, Ramiro 'Cuco' Vanoy, Diego Fernando Murillo Bejarano alias 'Don Berna' y Éver Veloza alias 'HH'.

Estas cifras dan cuenta de que las limitaciones al derecho a la verdad anteriormente expuestas, han repercutido efectivamente en los pobres resultados de la Ley 975 de 2005. El costo de la paz puede ser la aceptación de la flexibilización de los castigos por los crímenes cometidos, incluso se puede llegar a admitir la escasez de recursos al momento de reparar a las víctimas, no obstante, lo que no parece viable es que se ceda frente al derecho a conocer el pasado, debido a que, este es un presupuesto para la no repetición de los hechos y permite que las víctimas conozcan la verdad de lo ocurrido (Uprimny, 2005). Lo que devela un proceso de paz defectuoso.

Es innegable que al día de hoy se han realizado esfuerzos por mejorar la situación de este proceso de justicia transicional[20]. Entre ellos está la creación del Acuerdo de Contribución a la Memoria Histórica y la Reparación que surge con la Ley 1424 de 2010 y el Decreto 2601 de 2011 en el que los desmovilizados se comprometen con la sociedad colombiana a reintegrarse, reparar a las víctimas y aportar a la verdad histórica del conflicto armado, con el fin de obtener los beneficios jurídicos establecidos en la Ley[21].
También en el año 2011 se aprueba la reforma a la Ley de Justicia y Paz -Ley 1592 de 2012- con el fin de mejorar aquellos aspectos defectuosos que han derivado en un proceso de justicia transicional que no ha logrado los objetivos para los que fue creado. En ese sentido, uno los nuevos elementos que adiciona esta Ley a la Ley 975 de 2005, son los criterios de priorización; entre los cuales se encuentra la representatividad del crimen cometido, es decir, se debe priorizar la investigación de aquellos casos que conduzcan a establecer la verdad sobre los patrones de violencia, las estructuras macrocriminales, las afectaciones al orden social, económico o político o que se dirijan a evitar que crímenes de esa naturaleza se vuelvan a cometer (Artículo 16a Ley 1592 de 2012).
Después de más de siete años de la Ley de Justicia y Paz, la verdad es muy poca y se duda de la capacidad económica e institucional del Estado para reparar a las víctimas e impartir justicia. Se reconoce la intención de mejorar la situación en que se encuentra este proceso, pero los errores pasados siguen generando nefastas consecuencias. Por lo tanto, el Estado colombiano frente a un próximo proceso de paz debe apostar, por lo menos, a un proceso de justicia transicional en el que los desaciertos de la Ley de Justicia y Paz sean reconocidos como tales para no volver a incurrir en ellos.

4.  Conclusiones
De los diferentes procesos de justicia transicional desarrollados en la historia y que han sido objeto de estudio para el aprendizaje de la aplicación de mecanismos en procesos posteriores del mismo tipo, se han definido “máximas” que no solo han sido determinadas por errores del pasado, sino también, por la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Entre ellas, se encuentran la imposibilidad de amnistiar o indultar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra independientemente del contexto en el que se ejecuten. Sin embargo, se admite la posibilidad de afectar en cierta medida la justicia, para alcanzar la paz, cuando sea estrictamente necesario.
La paz y la justicia están en constante tensión, los mecanismos radicales de justicia pueden reducir la paz a una mínima proporción, y así en el sentido contrario. Sin embargo, la verdad puede ser un mecanismo para reducir dicha tensión y encontrar un punto en el que ni la justicia, ni la paz se vean desproporcionadamente afectadas. Es decir, el conocimiento de la verdad da lugar a la satisfacción de la justicia y, al mismo tiempo, conduce a la reconciliación y a la no repetición de los hechos.
Mendeloff (2004) establece que no hay una razón lógica para afirmar que el olvido de un pasado doloroso, no pueda conducir a la reconciliación como sí lo haría el conocimiento de la verdad. Además de ello, el autor afirma que no existe evidencia empírica que permita afirmar que los mecanismos de conocimiento de la verdad tengan una incidencia efectiva en la construcción de la paz y que las políticas de olvido y supresión del pasado en algunos casos han permitido la paz duradera sin riesgo de que retorne la guerra. Sin embargo, ¿cómo lograr la paz si no se conocen las razones de la guerra? Es cierto que los mecanismos de reconstrucción de la verdad tienen serias limitaciones -como las referidas en este texto en el caso colombiano-, pero eso no supone la trivialidad del conocimiento de la verdad en los procesos de justicia transicional, ni el desconocimiento del derecho a saber que tienen las víctimas y la sociedad civil.
Por lo tanto, la discusión no se debe centrar en si la verdad debe ser conocida o no, porque esta se erige como un derecho que debe ser garantizado; sino en plantear herramientas que permitan lograrlo y que posibiliten el reconocimiento de las verdaderas causas del conflicto armado para evitar un resurgimiento del mismo. Además de ello, las amnistías generales buscan olvidar el pasado para garantizar la impunidad (Burke-White, 2000: 26), lo que implica el desconocimiento de las “máximas” referidas anteriormente[22].
Ningún proceso de justicia transicional ha logrado todos sus objetivos, entendidos como la real satisfacción de los derechos de verdad, justicia y reparación y el alcance de la paz absoluta; pero de lo que se trata es de implementar formas que reduzcan la tensión entre la justicia y la paz latente en todo proceso de justicia transicional.
La verdad tiene una característica especial y es que esta no puede ceder frente a la paz, a diferencia de la justicia. Aún en ausencia de castigos penales, las víctimas tienen el derecho a saber (Park, 2012: 24). Una verdad parcial no puede ser presupuesto de beneficios penales, mucho menos de indultos o amnistías. Esto está determinado por la importancia y la trascendencia que tiene la verdad para las víctimas y para la sociedad, como lo afirma Park (2010: 24), la búsqueda de la verdad es una medida de rehabilitación y una estrategia de reconciliación.
Por último, la pretensión de este escrito, más allá de resaltar la importancia de la verdad en una sociedad flagelada por el conflicto como lo es la colombiana, es señalar que un proceso de justicia transicional no puede, ni debe, agotarse en un programa de desmovilización; dejar las armas en una sociedad resentida y re-victimizada por un Estado desinstitucionalizado incapaz de dignificar a las víctimas, no es ni siquiera el principio de una paz verdadera. Se espera que este nuevo proceso de paz culmine satisfactoriamente y que tanto las víctimas como la sociedad civil puedan saber la verdad de lo sucedido, lo que significa, exponer los mecanismos de represión bajo los cuales se han cometido crímenes y atrocidades, para fundamentar el inicio de la recomposición social y establecer las responsabilidades individuales e institucionales pertinentes (Springer, 2002: 88). El costo de este proceso es demasiado alto, debido a que “una paz mal lograda puede ser peor que la continuación de la guerra” (Springer, 2005: 333).



Referencias


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·       Normas y sentencias
·       Ley 975 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. "
·       Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006. Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
·       Decreto 1364 de 2008 "por medio del cual se adiciona el artículo 3° del Decreto Reglamentario 4760 del 30 de diciembre de 2005"
·       Corte Constitucional, Sentencia T-049 de 2008. Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra
·       Ley 1424 de 2010, "Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones"
·       Decreto 2601 de 2011 " Por el cual se reglamenta la Ley 1424 de 2010"
·       Decreto 1737 de 2010, "por el cual se modifica el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, creado mediante el Decreto 3570 de 2007"
·       Ley 1448 de 2011, "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"
·       Ley 1592 de 2012 "Por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 2005 'por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios' y se dictan otras disposiciones"
Otros:
·       "El expediente del general (r.) al que vinculan con narcos y AUC", en El Tiempo, 15 de junio de 2012. Versión en línea: http://www.eltiempo.com/justicia/este-es-el-expediente-del-general-r-mauricio-santoyo-en-ee-uu_11950954-4 Fecha de consulta: 20 de enero de 2013
·       Extradición de 'El Canoso': un castigo a la poca colaboración de los ex 'paras'”, en Verdad Abierta, 15 de agosto de 2012. Versión en línea http://www.verdadabierta.com/component/content/article/4162-corte-suprema-aprueba-extradicion-de-el-canoso- Fecha de consulta: 16 de noviembre de 2012
·       Justicia y Paz sólo ha reconocido al 12% de las víctimas de las Auc”, en Verdad Abierta, 31 de octubre de 2012. Versión en línea: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/45-reparaciones-a-victimas/4280-justicia-y-paz-solo-ha-reconocido-a-12-de-las-victimas-de-las-auc/ Fecha de consulta: 21 de enero de 2012
·       “El libreto de la parapolítica según Mancuso, 'el Alemán' y 'Jorge 40'”, en Verdad Abierta, 01 de noviembre de 2012. Versión en línea: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/4284-la-parapolitica-segun-mancuso-el-aleman-y-jorge-40/Fecha de consulta: 03 de noviembre de 2012
·       “Paramilitares continúan atacando a defensores de derechos humanos”, en Verdad Abierta, (s.f). Versión en línea: http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=3901
·       Fecha de consulta: 13 de enero de 2013www.centrodememoriahistorica.gov.co   www.fiscalia.gov.co






[1] Este texto es el resultado de avances investigativos de la tesis de grado “La tensión entre la justicia y la paz en la Ley de Justicia y Paz –Ley 975 de 2005-” de autoría propia. La autora agradece al profesor John Fernando Restrepo Tamayo por su acompañamiento y asesoría en la elaboración de este artículo.
[2] Todas las traducciones del inglés al español son propias.
[3] Para profundizar sobre mecanismos de reconstrucción de verdad, ver (Uprimny et al, 2006)
[4]Entendidos como el respeto a los derechos fundamentales y aquellos consagrados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Estos dos regímenes normativos han sido precursores del reconocimiento del derecho a la justicia, la verdad y la reparación en contextos de transición de la guerra a la paz. Sobre este aspecto, ver (González-Salzberg, 2008)
[5]En el Informe de Joinet se establece el derecho a saber de las víctimas como un principio para la lucha contra la impunidad, el cual reza de la siguiente manera: “Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”, (ONU, 2004). Asimismo la Corte Constitucional, en sentencia C-370 de 2006, hace referencia a este principio en la consideración jurídica N° 4.7.3.4.
[6]Ver, Corte IDH “Caso Myrna Mack Chang Vs Guatemala” Sentencia de 25 de noviembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr.274; Corte IDH “Caso Blanco Romero y otros vs Venezuela” Sentencia de 28 de noviembre de 2005, párr.95; Corte IDH “Caso Gómez Palomino Vs Perú” Sentencia 22 de noviembre de 2005, párr.78; Corte IDH “Caso la Cantuta Vs Perú” Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 222
[7] Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
[8] El Estado debe a las víctimas no solo una verdad general sobre las prácticas represivas, sino también una verdad individualizada sobre lo que le sucedió a todas y cada una de las víctimas, (Méndez citado en Park 2010: 25).
[9] Dentro de estas estrategias se encuentran: el fortalecimiento de la verdad extrajudicial como mecanismo de reconstrucción de la verdad para encontrar respuestas diferentes a las jurídicas, el mejoramiento de la logística del aparato estatal para que los procesos no estén sujetos a dilaciones injustificadas, garantizar la seguridad de los intervinientes en los procesos debido a que el miedo de las víctimas implica el silencio de estas, evitar que las extradición sea una forma de callar a quienes tienen información necesaria para entender la verdad del conflicto, crear mecanismos efectivos de construcción de la memoria histórica, entre otros.
[10] Para el año 2010, el Ministerio del Interior y de Justicia estaban fusionados, unión creada en la ley 790 de 2002. En el 2011, éste se reorganizó pasando a ser denominado Ministerio del Interior (artículo 2 ley 1444 de 2011) y se creó el Ministerio de Justicia y del Derecho (artículo 4 ley 1444 de 2011).
[11] Ver, (Verdad Abierta, s.f)
[12] Ver, (Uprimny, 2007), (Centro de Memoria Histórica, 2012)
[13] Sobre el deber de memoria el artículo 143 de la Ley 1448 de 2011 establece ‘El deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. Parágrafo. En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política’.
[14] El Centro de Memoria Histórica fue creado en la Ley 1448 de 2011, pero tuvo como referente el trabajo realizado por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) creada por la Ley de Justicia y Paz, y cuyo ciclo de labores terminó 31 de diciembre de 2011.
[16] Estos son: Diego Fernando Murillo Bejarano alias 'Don Berna', Francisco Javier Zuluaga Lindo alias 'Gordo Lindo', Manuel Enrique Torregrosa, Salvatore Mancuso Gómez alias 'Santander Lozada', Diego Alberto Ruiz Arroyave, Guillermo Pérez Alzatealias 'Pablo Sevillano', Ramiro Vanoy alias 'Cuco Vanoy', Juan Carlos Sierra alias 'El Tuso', Martín Peñaranda alias 'El Burro', Edwin Mauricio Gómez Lara, Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40', Hernán Giraldo Serna alias 'El Patrón', Nondier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Vengoechea.
[17]Ver, (Verdad Abierta, 01 de noviembre de 2012).
[18] Ver, (El Tiempo, 15 de junio de 2012).
[19] Acta 300 del 14 de agosto de 2012.
[20] Entre los puntos a mejorar se encuentran algunos de los ya referidos en este texto como: la demora en el trámite de los procesos, la investigación de los casos como hechos delictivos aislados, la exclusión de los postulados por no cumplir con los compromisos de verdad, entre otros. (CITpax, 2012: 21).
[21] Información obtenida de la página web del Centro de Memoria Histórica: www.centrodememoriahistorica.gov.co
[22]Ver, el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, el cual establece en el PRINCIPIO 2 “Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”. El PRINCIPIO 3 reza de la siguiente manera: “El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas” y el PRINCIPIO 5 dice “Incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas, incluidas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento independiente y eficaz del poder judicial, para hacer efectivo el derecho a saber…” (ONU, 2005)