Editorial
N° 3, Noviembre de 2011
El
semestre pasado realicé un sencillo ejercicio para mi clase de Sociología
Jurídica que consistió en exponer una serie de datos oficiales sobre la
cobertura de la formación jurídica en Colombia. Tras consultar las estadísticas
del Ministerio de Educación elaboré una serie de gráficas en donde expuse la
relación entre Universidades, Programas de Derecho, Matriculados y Graduados.
El avance de los programas de derecho muestra un crecimiento exponencial, la
cantidad de estudiantes graduados y
matriculados crece de igual forma y el número de programas acreditados, aunque
no crece con la misma intensidad, va en aumento.
Ante
semejante panorama, una de mis preguntas consistió en establecer el alcance de
las posibilidades que tienen los y las estudiantes de derecho para obtener una
formación disciplinar que les permita, no solo tener una amplia perspectiva de
los alcances del mundo jurídico en la sociedad, sino también ampliar el
espectro profesional de su formación, es decir, incorporar la investigación
social –básica y aplicada- como campo de desarrollo.
Para
dar cuenta de estas posibilidades, junto a la lectura de las estadísticas que
dan cuenta de un desmesurado crecimiento de programas, realicé un sencillo ejercicio de revisión de
los planes curriculares de algunos programas de Derecho. No me detendré en
detalles (pues se trató de un ejercicio exploratorio, no de una muestra
representativa, en donde analicé 10 programas de derecho que incluyeron
universidades acreditadas, otras que no; públicas y privadas) pero la
inspección de estos programas me permitió establecer –como hipótesis- que los
diseños curriculares –en general- no permiten construir relaciones mas fuertes
entre el derecho y las demás ciencias sociales.
Algunos
programas incorporan de manera literal el componente sociojurídico que exige el
Ministerio (la mayoría, sobretodo aquellos programas jóvenes), otros incorporan
elementos de las ciencias sociales pero desde una perspectiva “endogámica”, es
decir: desde la lectura de la ciencia social que hacen algunos abogados y
abogadas (programas tradicionales de universidades privadas) y solo una minoría
plantea, desde su estructura, que el derecho es parte integral de las ciencias
sociales (universidades públicas).
Puesto
que la mayoría de estudiantes de derecho del país cursan su profesión en
universidades privadas, ha de resultar
limitante (insisto, es una hipótesis) que la mayoría de estructuras
curriculares de este tipo -que en mi exploración comprendieron ocho de diez
programas que analicé- no den lugar a la formación interdisciplinar que, se
supone, debe ofrecer una formación universitaria, universalista en esencia.
Debo aclarar que la formación de litigantes capaces no es tarea vana, ni mucho
menos. Pero bien cabe preguntarse, y es esta la cuestión que encierra mi
reflexión: ¿debe la formación en derecho concentrarse únicamente en ello (en el
litigio)? ¿la formación humanística, interdisciplinaria y de investigación debe
ser apenas un elemento de contexto?
Considero
que, en la medida que el mundo jurídico que estructura nuestra sociedad es
mucho mas amplio y diverso que el derecho oficial, que las posibilidades de
democratización que tienen las prácticas jurídicas –oficiales o no- aun tienen
mucho por desarrollar y que la inspección disciplinar del derecho es un campo
tan pertinente como amplio, proponer este debate a los programas de derecho
del país puede enriquecer el panorama
formativo de sus estudiantes, tanto como incidir en el crecimiento de la
ciencia social del país.
El
panorama es optimista en la medida que hay un buen número de experiencias
estudiantiles que dan cuenta de una creciente inquietud que, orientada hacia la
investigación, sugiere posibles encuentros con las ciencias sociales. Esto se
puede observar en la activa participación de estudiantes de derecho en
Semilleros, Seminarios y eventos Académicos que enriquecen el carácter
disciplinar del derecho.
Este
ejemplar de la revista CULTURA INVESTIGATIVA
es una muestra de la magnitud de este interés, pues recoge experiencias de
investigación de estudiantes de distintas universidades que realizaron
ponencias, desarrollan investigaciones, profundizan en los contenidos de sus
asignaturas sociojurídicas o que
elaboran reflexiones sobre el mundo jurídico.
El
primero de los artículos, “Pluralismo
jurídico: la justicia comunitaria y su papel alternativo en la resolución de
conflictos. El caso de Favelas (barrios marginales) en Brasil y Comunidades
Indígenas en Colombia” es un trabajo final de una asignatura en la que
Andrea Sarria (estudiante de derecho de la Universidad de San Buenaventura y de
Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana) se propuso hallar
–como soporte analítico y metodológico para futuros trabajos- las continuidades
y discontinuidades entre dos experiencias de justicia comunitaria: la que
atestiguara Boaventura de Sousa Santos en las favelas de Río de Janeiro
(Brasil) y la que la autora ha reseñado sobre la justicia indígena en nuestro
país.
El
segundo artículo, “¿Puede hablarse hoy
de una familia jurídica socialista? El caso de la antigua Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas – URSS” de los estudiantes de Derecho de la
Universidad EAFIT Laura Daniela Alzate, José Jaime Posada, Diana Paola Gil;
Lina Molina y Camilo Espinal Arango da cuenta de los avances de investigación
de este grupo de estudiantes en torno a las condiciones y perspectivas que
permiten proponer la estructura básica de una familia jurídica de orden socialista.
En
tercer de los artículos es un ensayo elaborado por las estudiantes de Derecho
de la Universidad de San Buenaventura Kenya Lorena Gómez Urrea y Ximena
Betancur Álvarez al que titularon “Crímenes
ocultos por el poder y la religión Ensayo de reflexión a partir de la obra de
Humberto Eco “El Nombre de la Rosa”. En este ensayo las estudiantes
reflexionan sobre el papel que jugara la iglesia ante los avances de la ciencia
en las postrimerías de la edad media, cuando la Santa Inquisición jugó un perverso
papel en contra del conocimiento; papel que, concluyen las estudiantes, sufrió
una transformación ante el posicionamiento de los estados como formas de
organización social.
El
siguiente artículo, “Políticas públicas ambientales,
neoliberalismo y “buen vivir”. Ensayo
sobre el papel de las alternativas al desarrollo” recoge
las reflexiones que la abogada Yeimi Alexandra Arias Soto, estudiante la
Maestría en Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana, realiza en
torno a la mediación que existe, a partir del modelo económico hegemónico,
entre el estado (la autora denomina al estado con “E” mayúscula, cabe aclarar)
y el medio ambiente. ¿De qué naturaleza son las políticas públicas
mediambientales bajo tales parámetros político-económicos?
El quinto artículo es de autoría de la estudiante de
Derecho de la Universidad de Medellín Lorenza Álvarez Betancur y se titula: “Pretensión formal versus distorsión
material: análisis del ideal de la ciudadanía en Colombia”. En su trabajo
la autora analiza la distancia que existe entre el ideal de ciudadanía, el
deber ser normativo, y el ideal práctico
que, construido en la sociedad, se equipara a eso que ella denomina
“indiferencia social”. La sugestiva propuesta que incorpora establece que ante
esta situación instituciones estatales, como la
Corte Constitucional, tienden a suplir los vacíos dejados por el poder
ciudadano.
El
sexto artículo se denomina “Co-culpabilidad
por abstracción: realización del Estado social de Derecho en Colombia”.
Escrito por las estudiantes de Derecho de la Universidad de Medellín María
Helena Luna Hernández y Mónica María Monsalve Ortiz. En su artículo las autoras
trabajan la co-culpabiliad como principio del Derecho penal contemporáneo que
acepta la injerencia del Estado y la sociedad en la comisión de conductas
delictivas por parte del sujeto activo. El problema sobre el que se centran las
autoras tiene que ver con las falencias estatales que niegan un alcance
efectivo del estado (las autoras denomina al estado
con “E” mayúscula, cabe aclarar) social de derecho cuya superación implicaría, por ende, la
admisión del principio de
co-culpabilidad con miras a reivindicar los derechos. En Colombia, dicen las
autoras, “este principio se desvirtúa al plantearse como caridad o ayuda contingente
del Estado”.
El
siguiente artículo se denomina “Exclusión
e inclusión del individuo: de la normalización a los dispositivos
disciplinarios” y es de autoría de la estudiante de Derecho, de la
Institución Universitaria de Envigado, Sor Natalia Uribe Jaramillo. El artículo
se sustenta en la teoría desarrollada por el filósofo francés Michel Foucault
con el propósito de problematizar el proceso de individualización de las
personas y las estrategias que la sociedad, en aras de su sostenimiento, ha
desarrollado por medio de diferentes formas de control y regulación de la
conducta de sus individuos.
El
último artículo de este número corresponde al trabajo de la estudiante de
Derecho de la Universidad de San Buenaventura Diana Patricia Ardila Velásquez,
titulado “Nueva cultura penitenciaria.
Principales rasgos de la política penitenciaria contemporánea” en donde la
autora se propone analizar el alcance y efectividad de las políticas
implementadas por el gobierno Colombiano frente al hacinamiento en cárceles.
Una de sus conclusiones es que, a pesar de los esfuerzos, dicha política no ha
demostrado la efectividad esperada.
Con estos ocho artículos compendiados en este tercer
número de la Revista Cultura Investigativa, desde el equipo editorial de la
esperamos no solo ser un canal que permita diversificar los aportes analíticos
logrados por estudiantes de Derecho, sino también entusiasmar a otros tantos
estudiantes –de Derecho y disciplinas de las Ciencias Sociales (en particular a
quienes hacen parte de semilleros de investigación, o que desarrollan proyectos
de investigación, bien sea propios, como las monografías de grado; o de
potestad de grupos de investigación)- a que participen de los siguientes
números de la publicación enviando sus ponencias, ensayos, avances o informes
de investigación conforme las normas para autores. El próximo número 4, a
publicarse en julio de 2012, se encuentra abierto a tales propósitos.
Nicolás Espinosa M.
Sociólogo.
Mg. Antropología.
Editor
CULTURA INVESTIGATIVA
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
SECCIONAL MEDELLÍN
ISSN 2027- 8993
http://www.usbmed.edu.co/Programas_academicos/Derecho/
N° 3, Noviembre de 2011
Cultura Investigativa es un medio de carácter académico (arbitrado) que desde el año 2010 se ha propuesto divulgar artículos de estudiantes universitarios vinculados a Semilleros de Investigación, Centros, Institutos o Facultades (nacionales o internacionales) que trabajen problemas o tópicos del área jurídica o socio jurídica.
La Revista publica con una frecuencia semestral artículos inéditos y originales (ponencias, ensayos, informes, avances y proyectos de investigación; así como trabajos finales que hayan obtenido excelentes calificaciones) cuya calidad sea reconocida tanto por el comité evaluador como por un grupo de pares académico.
Rector: Fray Miguel Ángel Builes Uribe, O.F.M.
Secretario General: Fray José Norberto Agudelo Loaiza, O.F.M.
Decana: Julia Victoria Montaño Bedoya
Editor: Nicolás Espinosa M. (Sociólogo. Mg. Antropología)
Comité Editorial: Nicolás Espinosa M.
(Profesor Universidad de San Buenaventura)
Carolina María Mejía Osorno
(Profesora Universidad de San Buenaventura)
Milton Rojas
(Profesor Universidad de San Buenaventura)
Pares Académicos: Jaime Arcila, Abogado. Mg. Ciencias Ambientales.
Julia Victoria Montaño, Abogada. Mg. Derecho.
Milton Rojas, Abogado. Mg. Estudios Políticos.
Juan David Posada, Abogado. PHD Derecho.
Irene Piedrahita, antropóloga.
Corrección de estilo: Irene Piedrahita, antropóloga.
Periodicidad: Semestral
Dirección de contacto: nicolas.espinosa@usbmed.edu.co
Diagramación e Impresión: Nicolás Espinosa y Departamento de Publicaciones. Universidad de San Buenaventura, Seccional Medellín
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