miércoles, 30 de noviembre de 2011

Editorial No. 3


Editorial 
N° 3, Noviembre de 2011


El semestre pasado realicé un sencillo ejercicio para mi clase de Sociología Jurídica que consistió en exponer una serie de datos oficiales sobre la cobertura de la formación jurídica en Colombia. Tras consultar las estadísticas del Ministerio de Educación elaboré una serie de gráficas en donde expuse la relación entre Universidades, Programas de Derecho, Matriculados y Graduados. El avance de los programas de derecho muestra un crecimiento exponencial, la cantidad de  estudiantes graduados y matriculados crece de igual forma y el número de programas acreditados, aunque no crece con la misma intensidad, va en aumento.
Ante semejante panorama, una de mis preguntas consistió en establecer el alcance de las posibilidades que tienen los y las estudiantes de derecho para obtener una formación disciplinar que les permita, no solo tener una amplia perspectiva de los alcances del mundo jurídico en la sociedad, sino también ampliar el espectro profesional de su formación, es decir, incorporar la investigación social –básica y aplicada- como campo de desarrollo.

Para dar cuenta de estas posibilidades, junto a la lectura de las estadísticas que dan cuenta de un desmesurado crecimiento de programas,  realicé un sencillo ejercicio de revisión de los planes curriculares de algunos programas de Derecho. No me detendré en detalles (pues se trató de un ejercicio exploratorio, no de una muestra representativa, en donde analicé 10 programas de derecho que incluyeron universidades acreditadas, otras que no; públicas y privadas) pero la inspección de estos programas me permitió establecer –como hipótesis- que los diseños curriculares –en general- no permiten construir relaciones mas fuertes entre el derecho y las demás ciencias sociales.

Algunos programas incorporan de manera literal el componente sociojurídico que exige el Ministerio (la mayoría, sobretodo aquellos programas jóvenes), otros incorporan elementos de las ciencias sociales pero desde una perspectiva “endogámica”, es decir: desde la lectura de la ciencia social que hacen algunos abogados y abogadas (programas tradicionales de universidades privadas) y solo una minoría plantea, desde su estructura, que el derecho es parte integral de las ciencias sociales (universidades públicas).

Puesto que la mayoría de estudiantes de derecho del país cursan su profesión en universidades privadas, ha de  resultar limitante (insisto, es una hipótesis) que la mayoría de estructuras curriculares de este tipo -que en mi exploración comprendieron ocho de diez programas que analicé- no den lugar a la formación interdisciplinar que, se supone, debe ofrecer una formación universitaria, universalista en esencia. Debo aclarar que la formación de litigantes capaces no es tarea vana, ni mucho menos. Pero bien cabe preguntarse, y es esta la cuestión que encierra mi reflexión: ¿debe la formación en derecho concentrarse únicamente en ello (en el litigio)? ¿la formación humanística, interdisciplinaria y de investigación debe ser apenas un elemento de contexto?

Considero que, en la medida que el mundo jurídico que estructura nuestra sociedad es mucho mas amplio y diverso que el derecho oficial, que las posibilidades de democratización que tienen las prácticas jurídicas –oficiales o no- aun tienen mucho por desarrollar y que la inspección disciplinar del derecho es un campo tan pertinente como amplio, proponer este debate a los programas de derecho del  país puede enriquecer el panorama formativo de sus estudiantes, tanto como incidir en el crecimiento de la ciencia social del país.

El panorama es optimista en la medida que hay un buen número de experiencias estudiantiles que dan cuenta de una creciente inquietud que, orientada hacia la investigación, sugiere posibles encuentros con las ciencias sociales. Esto se puede observar en la activa participación de estudiantes de derecho en Semilleros, Seminarios y eventos Académicos que enriquecen el carácter disciplinar del derecho.

Este ejemplar de la revista CULTURA INVESTIGATIVA es una muestra de la magnitud de este interés, pues recoge experiencias de investigación de estudiantes de distintas universidades que realizaron ponencias, desarrollan investigaciones, profundizan en los contenidos de sus asignaturas sociojurídicas  o que elaboran reflexiones sobre el mundo jurídico.

El primero de los artículos, “Pluralismo jurídico: la justicia comunitaria y su papel alternativo en la resolución de conflictos. El caso de Favelas (barrios marginales) en Brasil y Comunidades Indígenas en Colombia” es un trabajo final de una asignatura en la que Andrea Sarria (estudiante de derecho de la Universidad de San Buenaventura y de Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana) se propuso hallar –como soporte analítico y metodológico para futuros trabajos- las continuidades y discontinuidades entre dos experiencias de justicia comunitaria: la que atestiguara Boaventura de Sousa Santos en las favelas de Río de Janeiro (Brasil) y la que la autora ha reseñado sobre la justicia indígena en nuestro país.

El segundo artículo, “¿Puede hablarse hoy de una familia jurídica socialista? El caso de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS” de los estudiantes de Derecho de la Universidad EAFIT Laura Daniela Alzate, José Jaime Posada, Diana Paola Gil; Lina Molina y Camilo Espinal Arango da cuenta de los avances de investigación de este grupo de estudiantes en torno a las condiciones y perspectivas que permiten proponer la estructura básica de una familia jurídica de orden socialista.

En tercer de los artículos es un ensayo elaborado por las estudiantes de Derecho de la Universidad de San Buenaventura Kenya Lorena Gómez Urrea y Ximena Betancur Álvarez al que titularon “Crímenes ocultos por el poder y la religión Ensayo de reflexión a partir de la obra de Humberto Eco “El Nombre de la Rosa”. En este ensayo las estudiantes reflexionan sobre el papel que jugara la iglesia ante los avances de la ciencia en las postrimerías de la edad media, cuando la Santa Inquisición jugó un perverso papel en contra del conocimiento; papel que, concluyen las estudiantes, sufrió una transformación ante el posicionamiento de los estados como formas de organización social.

El siguiente artículo, “Políticas públicas ambientales, neoliberalismo y  “buen vivir”. Ensayo sobre el papel de las alternativas al desarrollo” recoge las reflexiones que la abogada Yeimi Alexandra Arias Soto, estudiante la Maestría en Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana, realiza en torno a la mediación que existe, a partir del modelo económico hegemónico, entre el estado (la autora denomina al estado con “E” mayúscula, cabe aclarar) y el medio ambiente. ¿De qué naturaleza son las políticas públicas mediambientales bajo tales parámetros político-económicos?

El quinto artículo es de autoría de la estudiante de Derecho de la Universidad de Medellín Lorenza Álvarez Betancur y se titula: “Pretensión formal versus distorsión material: análisis del ideal de la ciudadanía en Colombia”. En su trabajo la autora analiza la distancia que existe entre el ideal de ciudadanía, el deber ser normativo,  y el ideal práctico que, construido en la sociedad, se equipara a eso que ella denomina “indiferencia social”. La sugestiva propuesta que incorpora establece que ante esta situación instituciones estatales, como  la Corte Constitucional, tienden a suplir los vacíos dejados por el poder ciudadano.

El sexto artículo se denomina “Co-culpabilidad por abstracción: realización del Estado social de Derecho en Colombia”. Escrito por las estudiantes de Derecho de la Universidad de Medellín María Helena Luna Hernández y Mónica María Monsalve Ortiz. En su artículo las autoras trabajan la co-culpabiliad como principio del Derecho penal contemporáneo que acepta la injerencia del Estado y la sociedad en la comisión de conductas delictivas por parte del sujeto activo. El problema sobre el que se centran las autoras tiene que ver con las falencias estatales que niegan un alcance efectivo del estado (las autoras denomina al estado con “E” mayúscula, cabe aclarar) social de derecho cuya superación implicaría, por ende, la admisión del  principio de co-culpabilidad con miras a reivindicar los derechos. En Colombia, dicen las autoras, “este principio se desvirtúa al plantearse como caridad o ayuda contingente del Estado”.
El siguiente artículo se denomina “Exclusión e inclusión del individuo: de la normalización a los dispositivos disciplinarios” y es de autoría de la estudiante de Derecho, de la Institución Universitaria de Envigado, Sor Natalia Uribe Jaramillo. El artículo se sustenta en la teoría desarrollada por el filósofo francés Michel Foucault con el propósito de problematizar el proceso de individualización de las personas y las estrategias que la sociedad, en aras de su sostenimiento, ha desarrollado por medio de diferentes formas de control y regulación de la conducta de sus individuos.

El último artículo de este número corresponde al trabajo de la estudiante de Derecho de la Universidad de San Buenaventura Diana Patricia Ardila Velásquez, titulado “Nueva cultura penitenciaria. Principales rasgos de la política penitenciaria contemporánea” en donde la autora se propone analizar el alcance y efectividad de las políticas implementadas por el gobierno Colombiano frente al hacinamiento en cárceles. Una de sus conclusiones es que, a pesar de los esfuerzos, dicha política no ha demostrado la efectividad esperada.

Con estos ocho artículos compendiados en este tercer número de la Revista Cultura Investigativa, desde el equipo editorial de la esperamos no solo ser un canal que permita diversificar los aportes analíticos logrados por estudiantes de Derecho, sino también entusiasmar a otros tantos estudiantes –de Derecho y disciplinas de las Ciencias Sociales (en particular a quienes hacen parte de semilleros de investigación, o que desarrollan proyectos de investigación, bien sea propios, como las monografías de grado; o de potestad de grupos de investigación)- a que participen de los siguientes números de la publicación enviando sus ponencias, ensayos, avances o informes de investigación conforme las normas para autores. El próximo número 4, a publicarse en julio de 2012, se encuentra abierto a tales propósitos.

Nicolás Espinosa M.
Sociólogo. Mg. Antropología.
Editor



 REVISTA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION
CULTURA INVESTIGATIVA
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
SECCIONAL MEDELLÍN
ISSN 2027- 8993 

http://www.usbmed.edu.co/Programas_academicos/Derecho/

N° 3, Noviembre de 2011

Cultura Investigativa es un medio de carácter académico (arbitrado) que desde el año 2010 se ha propuesto divulgar artículos de estudiantes universitarios vinculados a Semilleros de Investigación, Centros, Institutos o Facultades (nacionales o internacionales) que trabajen problemas o tópicos del área jurídica o socio jurídica.
La Revista publica con una frecuencia semestral artículos inéditos y originales (ponencias, ensayos, informes, avances y proyectos de investigación; así como trabajos finales que hayan obtenido excelentes calificaciones) cuya calidad sea reconocida tanto por el comité evaluador como por un grupo de pares académico.


Rector:                                  Fray Miguel Ángel Builes Uribe, O.F.M.
Secretario General:               Fray José Norberto Agudelo Loaiza, O.F.M.
Decana:                                 Julia Victoria Montaño Bedoya

Editor:                                    Nicolás Espinosa M. (Sociólogo. Mg. Antropología)
Comité Editorial:                   Nicolás Espinosa M.
                                             (Profesor Universidad de San Buenaventura)
Carolina María Mejía Osorno
(Profesora Universidad de San Buenaventura)
Milton Rojas
(Profesor Universidad de San Buenaventura)


            Pares Académicos:      Jaime Arcila, Abogado. Mg. Ciencias Ambientales.
                     
                                               Julia Victoria Montaño, Abogada. Mg. Derecho.
                                               Milton Rojas, Abogado. Mg. Estudios Políticos.
                                               Juan David Posada, Abogado. PHD Derecho.
                                               Irene Piedrahita, antropóloga.
                                                                
            Corrección de estilo:    Irene Piedrahita, antropóloga.
                        Periodicidad:    Semestral
         Dirección de contacto:    nicolas.espinosa@usbmed.edu.co


Diagramación e Impresión:  Nicolás Espinosa y Departamento de Publicaciones. Universidad de San Buenaventura, Seccional Medellín


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