Proceso a un Ángel es una novela en donde la narración de los hechos es real, es interesante porque los mismos personajes padecieron, vivieron y contaron la historia. El relato que ofrece esta obra literaria se refleja cada día, en cada lugar del mundo e indudablemente deja un gran impacto en el lector. Es muy significativo este análisis porque se tiene como punto central o nexo causal entre la literatura y el derecho penal un tema de tan especial tratamiento e importancia como lo es la vida, el primero de los derechos fundamentales y constitucionales en Colombia y en la mayoría de los países del mundo. En el relato Fernando Soto Aparicio expone la historia de una niña ingenua, atrapada entre sus verdugos, donde estos más tarde la matarían de la forma más siniestra e inhumana, para defender sus convicciones religiosas. Precisamente dicho acontecimiento es lo que nos lleva a desentrañar y explicar la inviolabilidad del derecho y bien jurídico vida.
PALABRAS CLAVES
Constitución Política, derecho fundamental, vida, religión, vulneración, bien jurídico.
Dahiana Alejandra
Montoya Morales
John Alexander Bedoya
Zapata[1]
Supremacy and inviolability of the right to life against the right of religious freedom.
ABSTRACT
¨Process to an Angel¨ is a novel where the facts of the
narrative are real, it is in fact interesting because the characters themselves
suffered, lived and they told the whole story.
The tell about the literature lecture it´s reflected day by day by
itself, at everyplace around the world and definitively it leaves a grand shock
in the reader. This analysis it´s very
meaningful because its principal aim or casual link between the literature and
penal law a real topic of specific treatment as important as it is like is
life; it is life, the first one of the constitutional fundamental right in
Colombia and at several countries around the world. In the telling Fernando
Soto Aparicio, shows the story of a naïve girl, caught by her executioner,
where they later on will murder her of the most inhuman and mysterious way, to
defend their own religion convictions.
Already this happened it is what focus us to get to the bottom and try
to explain the inviolability of right in law and the safeguarding legal right
system.
KEYWORDS
Political constitutional,
Fundamental Rights, Life, Religion, violation, safeguarding legal right
Introducción
El presente estudio está enfocado en analizar desde un punto de vista jurídico la novela
Proceso a un Ángel, escrita por el colombiano Fernando Soto Aparicio, en la
cual la narración de los hechos son rigurosamente ciertos, ya que ocurrieron
alguna vez hace varios años en algún un
lugar de Colombia. La historia trata de una menor llamada Angélica, que debido a una creencia
religiosa que poseían las personas con las que ella convivió durante su corta
vida, incluyendo a su madre, la sacrificaron en medio del bosque quemándola por
considerarla en principio la niña santa del río Mamoré y al final por creerla la bruja de rio; por
ello el autor sostiene la tesis de que “Todo
hombre necesita matar a su redentor para sentirse redimido”. De acuerdo a ello el tema central de la obra es el derecho a la
vida en relación con la religión, conforme a lo cual la perspectiva del
análisis estará orientada tanto al derecho a la vida como principio
constitucional y derecho fundamental enmarcado dentro de la Constitución
Política de 1991, con el objeto de exteriorizar su carácter superior frente a
otros derechos fundamentales como son la libertad de conciencia y libertad de
cultos, dejando claro que la vida es un derecho inviolable; sin embargo se
puede ver vulnerado por diversos fenómenos de la sociedad, en donde se encuentran
los más variados elementos naturales, sobrenaturales y los más extraños
comportamientos humanos que alteran la realidad y los sentidos de quienes
nacen, crecen y mueren en América y en todo el mundo.
La tierra, que constituye el mundo
poblado por los humanos, se encuentra
fraccionada en distintos continentes y a
la vez estos se fragmentan en un sinnúmero
de países y de estos últimos nacen variados, pequeños, grandes
departamentos, provincias, ciudades,
emiratos, estados, municipalidades, según el país al que corresponda y
muchos otros sitios carentes de identidad y de asistencia estatal, pues sucede
que cada una de las esferas mencionadas
son objeto de protección, de vigilancia, de control, de asistencia, de
coerción, por parte de un poder soberano fundamentado en el Estado, pero
principalmente cimentado en un ordenamiento jurídico que tiene como soporte una
norma de jerarquía superior frente a cualquier otra norma, y que sobretodo
exterioriza su fuerza en situaciones sociales que no hayan sido previstas por el órgano legislativo o parlamentario.
Aunque existe en el mundo
Latinoamericano la mentalidad de Estado, de división de poderes, de soberanía,
de normas y leyes, es inevitable que dentro del esquema de la pluralidad
cultural que contiene cada país, existan
grupos sociales que tengan y profesen sus propias convicciones de vida, que por
el fenómeno de la costumbre se vuelven norma en su comunidad; tal
situación histórica genera en países
como Colombia que exista un tratamiento
oportuno y legal, que se expresa a través de la aplicación abstracta y general
de la Constitución Nacional, la cual incluye los más elevados y trascendentales
principios que asumen la obligación constitucional y jurídica de abarcar a toda
la población, sin distinciones de sexo, raza, religión, identidad cultural o pensamientos políticos.
“La pieza primordial del paradigma de
Estado Constitucional de Derecho son ciertas normas de la Constitución que
contienen un lenguaje moral de justicia (dignidad humana, libertad, igualdad,
vida, paz, justicia, solidaridad, respeto al pluralismo – preámbulo, art.1º
Const. Pol.), que antes de la sanción de la Constitución eran principios de
moral critica o principios axiológicos de tipo extrajurídico y que ahora han
pasado, en virtud de la constitucionalización, a ser también normas de derecho
positivo de máxima jerarquía y a construir los criterios últimos de validez
jurídica”. [2]
Los principios constitucionales o
fundamentales son modelos que tienen
una representación y están compuestos
por parámetros justos e íntegros y
además, ejercen dentro del ordenamiento jurídico un estado de
superioridad que les viene otorgada por la Constitución al mostrarse de acuerdo con los criterios de máxima
importancia, de esta circunstancia nace el hecho de que la Constitución
Política de 1991 trae consigo una serie de fundamentos axiológicos nuevos, con
el único propósito de remitirse a todo
un discurso moral, pues precisamente
trata de regular los acontecimientos sociales que emerjan de la
convivencia entre las personas o también de las controversias ideológicas que
resulten tanto a nivel individual como colectivo. “El papel constitutivo de los principios fundamentales tiende a ser
virtualmente ilimitado en cuanto a su extensión, si se tiene en cuenta que por
vía de interpretación se pueden extraer de la Constitución normas implícitas,
idóneas para regular innumerables aspectos de la vida social, haciendo que
potencialmente cualquier asunto carente en apariencia de relevancia
constitucional, la adquiera en virtud de comprometer algún principio de
justicia consagrado en la Constitución; y a medida que se van planteando nuevos
problemas jurídicos y se profundiza en la búsqueda de su significado, son
capaces de generar innumerables normas ulteriores”. [3]
Hasta ahora queda claro que la
Constitución Nacional de 1991, racionalizo una serie de paradigmas morales que
se constitucionalizan en el ordenamiento a través de los principios, de esta
forma los argumentos tanto jurídicos
como morales, se mezclan e interactúan entre sí, para lograr una efectiva
aplicación e interpretación de la norma soberana; sin embargo, es necesario
distinguir que el término moral no significa religión, entonces es preciso
preguntarse ¿La Constitución también moldeó los enigmas de la religión? ¿La
Carta Política al ateo, escéptico o agnóstico, lo trata de manera igual que al
religioso o creyente? ¿También es permitida una mezcla de religiones entre
cristiana, judía, budista o mahometana? bajo esta percepción ¿Es posible
afirmar que la muerte de Angélica, ocasionada por un conjunto de creyentes
frenéticos, es permitida por la Constitución?
En los términos de la Constitución
Política, si está regularizado el tema de la religión, desde un punto de vista
abstracto y como un derecho fundamental, pues precisamente cita lo siguiente: “Artículo 18. Se garantiza la libertad
de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias
ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”, y continúa “Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona
tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma
individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley”, de
manera que la Constitución colombiana, con el gran paso a la libertad y
autonomía individual, está hecha con un enfoque liberal para cada hombre, pues
cada ser humano es un sujeto diferente de los otros, de esta manera cada ser es
independiente tanto en la ideología, en las necesidades, aspiraciones,
fines, proyectos, y sueños. En
Desolación que fue el corregimiento donde creció y murió Angélica, sus
habitantes, eran creyentes de los “milagros” que según ellos realizaba la
pequeña, pero la verdad, era que la niña ni siquiera estaba consciente de lo
que significaba una multitud de católicos venerándola como si fuera un símbolo
de fe o una estampilla santa. “Angélica
Bastidas tenía 10 años y unos meses, cuando encontró en las orillas del Mamoré
la piedra labrada que dio origen a toda la superstición. Era una piedra larga,
de aproximadamente 40 centímetros. Tenía lo que se tomó por un cuerpo. Y luego,
al lavarla en el patio de la casa a donde la niña llego exaltada por el
descubrimiento, gritando y rompiendo su mutismo habitual, puedo descubrirse que
la piedra presentaba tosca pero visiblemente talladas las facciones de la
Santísima Virgen”. [4]
Hay que admitir que dentro de la
Constitución se definen los derechos de libertad de conciencia y de libertad de
cultos desde un perfil general, puesto que es correcto interpretar que cada
cultura, comunidad, cofradía, congregación o secta es libre de realizar los actos que según sus
convicciones los lleven a hacer; son autónomas estas colectividades para creer
en supersticiones o misticismos o por el contrario creer en el Dios que su religión
adore; pero también resulta independiente para estas asociaciones tener practicas o ejecutar acciones y credos
que pueden ser terroríficos para el común de las personas. Por ejemplo, los
verdugos de Angélica se sentían plenos en su acto de fe cuando desnudaban cada
domingo a la niña para bañarla delante de miles de creyentes, esperando estos
que ocurriera un suceso sobrenatural delante de sus ojos. “Santa, Santa, Santa, le decían; y ella sonreía como lejana, como
si fuera solamente un sueño al que asistía impotente y amordazada. Se inclinaba
sobre el platón donde había quedado el agua del baño y sacándola con la mano,
empezaba a regarla sobre los congregados”. [5]
En ello se convirtió la vida de la pequeña, en vez de recibir amor y
educación, ella se transformó en el objeto religioso, en el canal o camino para
llegar éstas personas al encuentro
divino.
“El principio de la libertad religiosa,
como proyección del valor superior de la libertad en el ámbito del Derecho,
supone el reconocimiento de un ámbito de inmunidad en orden a la realización
del acto de fe y de cuantas expresiones individuales y colectivas aquel lleva
aparejado. Desde esta perspectiva, la libertad religiosa genera un deber de
abstención o no interferencia tanto para los poderes públicos como para todos
los demás sujetos privados”. [6]
La aplicación de estos derechos trae
como resultado, que tanto el Estado y los particulares no solo tengan el deber
constitucional de tolerar cuanto grupo religioso pueda llegar existir, sino que
significa además el reconocimiento natural e individual que tiene cada ser
humano de escoger su acto de fe, es
decir, de elegir conforme a su
razonamiento crítico, o por el contrario rechazar cualquier paradigma proveniente
de Dios, puesto que la
autodeterminación de la voluntad y de la
libertad se encuentra representada en la
posibilidad de sencillamente de creer o no en simbolismos religiosos.
“El derecho de los ciudadanos a actuar
en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera de
los grupos sociales, de manera que el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier
concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de
actitudes de signo religioso, ya que lo valioso no es la religión, sino el
ejercicio de la libertad, la realización de la persona como ser religioso, que
puede consistir tanto en una actitud creyente o de fe como en una postura
agnóstica o atea”.[7]
Precisamente, Desolación hacía un uso eminente de la libertad que brotaba
del alma de cada persona, una libertad que consistía, unos en adorar a la niña
santa y otros en ultrajar a la bruja del río, pero en lo que si coincidían
todos aquellos sujetos, era en el desbarajuste religioso que poseían por los
milagros que nunca existieron en aquel corregimiento de Colombia.
La realidad en Colombia, en América y
en todo el mundo, es que todos los días nacen
iglesias, dogmas, creencias y religiones nuevas, cada día un hombre se
levanta pensando que es el “elegido” o el “mesías” y muchas de esos nuevos cultos son reconocidos oficialmente y mueven a millones de personas; ello es el
resultado de que “El hombre ha
perdido a Dios, y angustiosamente lo busca porque lo ha necesitado siempre. ¿Y
que tenemos? Religiones que tambalean, magia que no sale de su oscurantismo de
siglos y empieza a enseñorearse del
caos, superchicerías que cobran fama y que pueden mover un continente. Las
falsas devociones, los caminos errados, están a la orden del día, y el hombre
sigue buscando, perdido ya todo contacto con el espíritu”. [8]
No obstante, “El Estado no se concibe a sí mismo como sujeto creyente, esto es,
no concurre junto con los individuos a las expresiones propias del acto de fe.
Ello es, ante todo, una consecuencia del principio de libertad religiosa;
separación entre Estado y las confesiones religiosas, lo que no solo excluye
cualquier confusión institucional, sino que supone además que las iglesias no
desempeñan una función política, de cohesión social o de identificación
nacional, y que los poderes públicos no satisfacen tampoco una finalidad
religiosa”. [9]
La Constitución Nacional, les otorga
indirectamente todas las garantías a las personas para que ejerzan libremente
sus convicciones o pensamientos ideológicos, sin ningún tipo de intervención Estatal;
sin embargo lo que realmente paso con Angélica fue un sacrilegio humano, pues
todos los devotos con esa infinidad de cultos religiosos, lo único que lograron
fue afectar a la niña en su integridad y en su dignidad, debido que se
encontraba en un estado de indefensión y abandono, puesto que ella era sometida
a esta cadena de crímenes con una finalidad distinta a lo que la Iglesia ha
definido por religión.
Teniendo en cuenta todos los criterios
señalados, resulta fácil pensar que los derechos de libertad de conciencia y de
libertad de cultos son congénitos, es decir, nacen cuando el hombre quiere
manifestar su sabiduría, sus creencias, en otras palabras, profetizar su
religión, no importando la manera como lo conciba, pues lo que el individuo
está haciendo es llevar a cabo el reconocimiento y la protección de las
prerrogativas que la misma Constitución
le concede; sin embargo, es obligatorio analizar cuál es el alcance y el
límite de dichos derechos que a simple vista son de naturaleza abstracta e indeterminada,
es decir, no es examinar a quienes abarca, sino, analizar la forma como los
individuos ejercen estos derechos, de modo que el problema se deriva en la
realización de la misma libertad, en la práctica de los “cultos”, pues estos
constituyen un conjunto de ritos en los cuales el hombre tributa homenaje a un ser
supremo o a personas tenidas por sagradas en alguna clase de religión, ¿Y si
los actos del culto violentan el derecho a la vida? ¿Si están permitidos los
sacrificios como una práctica religiosa,
también estará permitido el sacrificio humano? Es claro que los
centenares de personas que se congregaban para orar y alabar a Angélica actuaban
“conforme a derecho” entendiendo la norma desde un punto de vista abstracto;
sin embargo, resulta justo preguntarse si aquellos individuos para sentir un
alivio como creyentes, ¿mataron a Angélica para lograr un descanso espiritual,
a la luz de la libertad religiosa?
“Profesar una creencia religiosa o no
profesar ninguna, celebrar actos de culto, recibir e impedir enseñanza acorde
con las propias convicciones, reunirse o manifestarse en torno a un credo; son
sin duda modalidades de ejercicio del derecho, pero no agotan sus posibilidades
o, más exactamente, no nos ofrecen una imagen completa de todos aquellos
comportamientos o situaciones que, en hipótesis, pueden presentar propiedades
adscribibles al derecho fundamental. Por eso, en lugar de preguntarse qué
podemos hacer al amparo de la libertad de conciencia, resulta más fecundado
interrogarse acerca de lo que no podemos hacer, pues la fuerza del derecho se
aprecia mejor en situaciones de conflicto”
[10]
Sin duda alguna, la respuesta al
interrogante es que tanto el derecho a la libertad de conciencia como el
derecho a la libertad de cultos están
limitados, cuando comienzan a vulnerarse los derechos de los demás individuos
de la sociedad, primordial y especialmente el derecho a la vida, consagrado
como un derecho fundamental e inviolable por el simple hecho de ser persona, en
consecuencia cualquier acto de fe debe de
reprimirse cuando lo que busca es llevar a cabo una práctica religiosa que afecte la vida del otro. “Angélica no busco por su propia cuenta
redimir a nadie. Fue un instrumento ciego en manos de gentes sin escrúpulos”. [11] En Desolación vulneraron la vida,
porque consideraron que la existencia física de ese ser humano les
pertenecía, ó tal vez solo pensaron que aquella
niña era una bruja que atentaba en contra de su religión. “Podría alegarse que un redentor no
vale nada sin sus verdugos. Cristo sin Judas no habría redimido a nadie.
Angélica sin los salvajes de Desolación tampoco habría producido este
cataclismo interno que ha conmovido por igual a esta tribu de antropófagos,
aunque ellos no se den cuenta o no quieran reconocerlo ante sus propias y
tenebrosas conciencias.” [12]
En Colombia, la misma Corte Constitucional ha
reconocido el carácter fundamental e inherente del derecho a la vida; “A nivel
constitucional la vida es el primero de los derechos de la persona humana;
además es un valor constitucional de carácter superior y su respeto y garantía
aparece consagrado como un principio del ordenamiento jurídico político.
Asegurar la vida, no es solo el derecho subjetivo que se tiene sobre la vida,
sino la obligación de los otros a respetar el derecho a seguir viviendo o a que
no se anticipe la muerte; en este sentido amplio está el Preámbulo de la
Constitución Política. Una de esas metas y quizás la primera es garantizar la
vida, como derecho irrenunciable, que está por fuera del comercio aunque en
determinados casos obliga reparar el daño que se le ocasione, pero, la
finalidad de toda sociedad es mantener la vida en su plenitud”.[13]
Cabe señalar que en el corregimiento de
Desolación, aquel territorio que presencio el delito colectivo cometido por una
multitud de religiosos empedernidos, desconoció
profundamente el núcleo esencial de la vida, limitaron el derecho a la
existencia humana de una forma perversa, puesto que para las personas de ese
lugar prevalecieron los intereses propias, antes que defender la vida y la dignidad
de una criatura inocente. “¿Qué le dio a Angélica esa aureola de prestigio al
comienzo y ese resplandor infernal después? La credulidad de la gente; su
desbarajuste religioso; la desorientación en que se debaten”. [14]
Referido a este contexto, el derecho a la vida es
un derecho humano y único, por ello tiene igual importancia y relevancia para cada
sujeto, por la condición de ser un ser humano,
por lo tanto tiene la calidad de ser una privilegio atribuido a toda persona de
igual forma, en la medida que todas las personas son titulares de tal derecho, apartando
cualquier otra condición o circunstancia; y en cuanto a su razón de ser el
derecho a la vida es un soporte necesario e inevitable para adquirir derechos
como seres en el mundo, es así como la vida adquiere la fuerza de derecho fundamental dentro de la Constitución
Política, el cual debe ser exigido y
respetado tanto por el poder público como por los particulares.
Angélica Bastidas merecía no solo el derecho a
seguir viviendo, sino además, a vivir íntegramente, tenía el derecho a no
sufrir torturas ni tratos crueles. La vida de este ser humano no solo dependía
de la supervivencia biológica, ya que por otra parte el derecho a la vida
consiste en recibir las condiciones mínimas de dignidad, pues es necesaria la
plenitud del individuo; sin embargo, esta niña a sus cortos diez años ya había
sentido el desprecio de su madre, el repudio de su entorno y la barbarie de sus
verdugos.
“El derecho a la
vida está dotado de una posición preferente y de una obligatoriedad jurídica
directa e inmediata. Constituye un conjunto complejo de obligaciones estatales,
incluido el legislativo, se hallan
limitados por y sometidos al imperio del derecho a la vida que vendría a
ser un derecho sobre el derecho, en tanto obra como vinculo y limite jurídico
que condiciona la producción jurídica. Es resistente ante la voluntad de
cualquiera de los órganos políticos que encarnan el poder constituido, y se
impone frente a cualquier decisión política, incluso a la proveniente del poder
que dicta leyes”. [15]
El Estado representado en los órganos del poder y
en todos los entes autónomos, es el encargado de estar en concordancia y
promover el interés general y el bienestar de las personas, por ello toda la
normatividad que desarrolla el ordenamiento jurídico debe de estar sujeta al fortalecimiento del derecho a la vida,
pues este constituye el pilar del Estado Social de Derecho y por excelencia se integra como un valor, un
principio y un derecho fundamental instituido como inviolable en el artículo 11
de la Carta Política, además es un derecho que no solo deja en firme el grado
personal e intrínseco que poseen sus titulares, sino que se construye como un criterio de interpretación en caso de
conflictos, ya que en todo acto de aplicación y ejecución del derecho, debe de
prevalecer primero el derecho a la vida.
Conviene, sin embargo advertir, que el caso de Angélica no es el único
ni es propio de Colombia, sucesos de esta índole: siniestra y retorcida, se han
presentado no solo en el extenso territorio de América, sino en todos los
lugares del mundo.
“El derecho a la vida, a la luz de
nuestra Constitución, es un presupuesto ontológico de los demás derechos
fundamentales, que se manifiesta no solo en la posibilidad maravillosa de
existir y de ser como persona, sino en la posibilidad de vivir en condiciones
que garanticen el reconocimiento y respeto de la dignidad de los seres humanos.
En ese orden de ideas, el derecho a la vida debe ser entendido como un derecho
inalienable de todas las personas y un valor constitucional por excelencia, que
merece y recibe no solo el respeto, sino la protección prevalente por parte del
Estado, el cual igualmente se obliga a garantizar y asegurar su efectividad.
Uno de los fundamentos de existencia de las autoridades es precisamente su
misión y deber de protección de los derechos de las personas, incluyendo
especialmente el derecho a la vida. Por esta razón, el derecho a la vida debe
considerarse como un derecho inviolable, que implica que nadie puede
vulnerarlo, lesionarlo o amenazarlo sin justa causa, desconociendo su núcleo
esencial, por expresa disposición constitucional”.[16]
Desafortunadamente, en Desolación efectivamente existió la vulneración del
derecho a la vida, pues esa congregación
de religiosos provocó la muerte de Angélica, un suceso tenebroso que quedo vivo
en cada una de sus conciencias; ¿Esta asociación de creyentes, si obtuvieron la
salvación matando a la pequeña niña?, con base en los hechos narrados en la
obra Proceso a un Ángel, los cuales son dolorosamente ciertos, aquellos sujetos
después de los ocurrido entraron en un estado de remordimiento, de culpa,
horror y arrepentimiento, debido que el acto de fe por el cual “sacrificaron” a
Angélica resulto en vano, dado que no lograron su propósito religioso y
colectivo, por el contrario violaron de forma irremediable el derecho a la
vida.
De acuerdo con los razonamientos
anteriormente destacados, el derecho a la vida se encuentra exonerado de los actos negativos y adversos que
pudieran llegar a ejecutar las autoridades
y los particulares, pues es indiscutible la afirmación de que la vida goza de un valor supremo y preferente frente a
otros derechos consagrados igualmente en la Constitución, como por ejemplo, el
derecho a la libertad religiosa que aunque su protección supone la inmunidad
para cualquier acto coactivo que quiera suprimir o transgredir la propia
conciencia y las convicciones plasmadas en determinada religión, las personas
que se reúnan a realizar los actos del culto, los espiritismos o los
misticismos, por ningún motivo tienen derecho a sacrificar, es decir, acabar
con la vida de un niño, un adulto o un anciano por circunstancias propias a su
religión, dado que la vida se concreta con el respeto y la integridad física de
los demás, además acorde con una interpretación moral y jurídica de la
Constitución Política, el derecho a la vida significa no lastimar, no humillar,
no ofender, ni torturar a los miembros de la sociedad, pues la sola
condición de hombre es un título
suficiente para la protección inmediata
de este derecho Constitucional.
“Según el art. 11 de la
Constitución, el derecho a la vida es inviolable; ¿Qué significa esa cláusula
de inviolabilidad?, es la fundamentalidad del derecho a la vida, ya que le dota
de una condición de resistencia frente a las leyes, decisiones y medidas
tomadas por los poderes del Estado. Desde
la perspectiva del derecho positivo, los derechos fundamentales se muestran tan
solo resistentes, y la resistencia es un concepto gradual y relativo. La
fundamentalidad no es una etiqueta que se tiene o no se tiene, del estilo todo
o nada; es una escala que admite
distintos grados, de modo que algunos derechos serán más fundamentales que
otros. Pues bien: la cláusula de inviolabilidad significa que el derecho a la
vida ostenta una tenaz resistencia: no puede ser limitado por ninguna razón, ni
para el logro de algún fin colectivo, por muy elevado o loable que éste sea y
aunque tuviera algún respaldo en el texto constitucional, ni para la tutela de
otros derechos fundamentales”. [17]
La vida al ser un derecho
inviolable es fuente de obligaciones para terceros, primero para el Estado, ya
que le está prohibido por mandato constitucional imponer la pena de muerte; y
segundo para los particulares, puesto que estos deben de abstenerse de matar y de
atentar deliberadamente contra el otro. Lo correcto era que los habitantes de
Desolación y los cientos de congregados hubieran pensado de una forma
razonable, al momento de poner en la balanza sus convicciones religiosas y la
vida de una niña de escasos diez años, porque lo sensato era respetar la
integridad y la dignidad de la pequeña,
sin embargo, ellos eligieron cegarse por
la fe, formar un folclorismo y quemar a
Angélica. Por ello el Estado es quien
debe lograr y obtener una efectiva protección del derecho a la vida y
precisamente lo hace mediante la amenaza de la sanción penal, cuya única
finalidad es la instaurar y conservar la
paz dentro de la sociedad.
“Dentro de los distintos intereses
que la sociedad política organizada puede considerar como dignos de protección
merece destacarse, de manera especial, el relativo a la existencia misma de los
individuos. Cabe aquí plenamente la noción criminológica de delito, como
comportamiento que afecta las condiciones de existencia, desarrollo o conservación
del grupo social. Es por así decirlo, el supremo interés que ocupa la escala
superior dentro de la jerarquía de los valores o bienes jurídicos susceptibles
de tutela desde el punto de vista penal. Es innecesario recalcar la importancia
que dentro de cualquier Estado, independientemente de su orientación política o
ideológica, reviste la protección del bien jurídico vida”. [18]
Cuando se reunían los creyentes
en el evento religioso cada domingo, para adorar a la virgen del río Mamoré en
Desolación, estos creían que existía un poder sobrenatural, el cual los sacaría
de sus padecimientos físicos, morales y espirituales, aquellos sujetos se
sentían comprometidos con ese elemento
divino, que hasta ahora lo conocían como una simple piedra tallada; no
obstante, al desvirtuarse la fe objeto de su entrega espiritual, decidieron
matar cruelmente a Angélica, sabiendo estos que se estarían condenando tanto
penal como espiritualmente. “Cada
uno aquí en Desolación, quiere parte de su vida y la agarra destruyendo la del
vecino. Son caníbales que no comen la carne de sus víctimas pero que se ceban
con sadismo inaudito en su interior. Todos constituyen un mosaico de personajes
que infunden miedo, aunque en apariencia sean gentes humildes e ignorantes que
trabajan de sol a sol encima de los surcos”.
[19]
La vida como un derecho y como
bien jurídico, es imprescindible su protección debido a que de allí depende la
subsistencia misma del Estado y de la sociedad, claro está, que es fuente de la
cual nacen los demás derechos, siendo por lo tanto la vida un valor
indispensable e imperativo para el íntegro desarrollo de las relaciones entre
la humanidad y, constituye además, el punto de partida de los derechos consagrados
en la Carta Política, puesto que la protección de cada derecho lleva incluido
el reconocimiento de un principio de preponderante importancia como lo es la
vida.
“La protección del derecho a la
vida, ha evolucionado en el contexto patrio, alcanzando criterios valorativos
y, por ende, normativos, hasta sostener que el derecho a la vida no descansa
únicamente sobre la existencia física, sino sobre la vida humana en condiciones
de dignidad. Tal punto de partida se aprecia no solamente en el artículo 1 de
la Constitución Nacional, sino también en el artículo 1 de Código Penal
reafirmando de esta manera un concepto de vida funcionalmente entendido desde
la perspectiva de la dignidad humana, como una forma especial de vivir, que ve
en el hombre a un sujeto único e irrepetible”. [20]
Angélica, la niña santa o la
bruja del río tratada así por muchos, no solo sintió como se desvanecía su
cuerpo en la llamas, sino también como se disipaba su vida en manos de personas
sin escrúpulos. La niña fue una víctima de las creencias y de las
supersticiones que poseían a los individuos con los que ella convivía el día y
la noche; pero ello no fue lo más vil, la situación se extasiaba cuando cada
semana ella era el centro de atención, desnuda e indefensa, esperando el rito
que se tenía preparado para ella aquel día. Esas personas degradaron a Angélica
en todas las formas posibles, tanta fue la humillación que las lágrimas de la
pequeña, no sirvieron de excusa, para que esa horda de inhumanos no la quemaran vivan en medio del bosque. “Se sintió desnuda cuando los ojos de
la multitud le dieron una sensación de viscosidad en la piel. Quiso taparse con
las manos pero no pudo desprenderlas. Le dolió la espalda fuertemente apretada
contra una cruz de madera rustica. El humo le afectaba los ojos y las lágrimas
le corrían por las mejillas”. [21]
El Código Penal (Ley 599 de
2000), contiene un conjunto de delitos, es decir, un catálogo de tipos penales que atentan
contra el bien jurídico vida; sin embargo, el objeto de este trabajo está
enfocado en analizar únicamente el tipo penal de homicidio de forma sumaria, el
cual se encuentra expreso en el artículo 103 del Código Penal y en el artículo
104 las circunstancias de agravación
penal; puesto que siguiendo la metodología y el orden del ensayo, el propósito
es confirmar que las practicas o ceremonias de las distintas religiones que
tienen como fin disponer del derecho y del bien jurídico vida, son precisamente
un homicidio, pues aunque la Constitución garantice la libertad de religión,
esto no quiere decir, que se pueda atentar contra la vida en esta clase de
ritos.
“El homicidio, genéricamente
entendido como la muerte de un hombre causada por otro, es uno de aquellos
delitos que atentan contra el bien jurídico vida (formada) mediante su
supresión. En el caso que se examina, ese bien jurídico no es otro que el de la
vida humana, tomando la expresión en su significado más amplio, es decir, sin
consideración a que el titular de ese suspenso interés sea varón o mujer, de
una u otra raza, de cualquier credo o edad, de una u otra condición social o
casta; “ario o judío, parisiense o zulú, braman o paria, santo o bandido”,
todos representan vidas humanas”. [22]
Desolación, no presencio un acto de fe, lo que vivió este
corregimiento fue un homicidio, en donde la víctima fue una pequeña de diez
años. Por medio de gritos muy fuertes acusaban a la niña de ser una bruja, una
hechicera que ponía en peligro la región, quisieron castigarla, ambicionaron
desaparecerla, por ello el proceso fue rápido, pues no se esperaba más de la
calidad humana de sus jueces, la multitud pedía quemarla. “Lo último que se oyó, fue un grito terrible tan terrible que
mientras vivan lo seguirán oyendo: era que las llamas habían alcanzado a la
santa niña, a la virgen del Mamoré, a la que para siempre seguirían llamando la
bruja del río”. [23]
Lo cierto es que en América
Latina y en todo el mundo, se han
presentado y se presentan fenómenos en prácticas religiosas que atentan
directamente contra la vida, debido a que esos “ritos sangrientos” son una
costumbre religiosa arraigada en su comunidad, ya que para estos creyentes no
hay una estigmatización frente a esa práctica que en realidad es un homicidio.
Pero la verdad es que esta situación tiene una trascendencia y una consecuencia
mayor, cuando se crean condiciones de indefensión o inferioridad lo cual
constituye una causal de agravación del
homicidio, puesto que por lo general son los niños las victimas de estas
ceremonias. “En la creación de las condiciones de indefensión o
inferioridad, el agente realiza un comportamiento encaminado a generar una
situación de la cual surge un menor riesgo para él, que facilita a su vez la
comisión del hecho punible. Lo importante es saber que la calificación se
produce porque el homicida recurre a medios o procedimientos engañosos y
pérfidos suficientes para hacer imposible la defensa de la víctima, y más
segura la realización del evento criminal.
El sujeto activo se aprovecha de
algo que encuentra. La situación de indefensión o inferioridad puede provenir
de muchos factores. Solo a manera de ejemplo podría citarse alguno como la
edad, como cuando se da muerte a un infante o a un anciano que no puede valerse
por sí mismo”. [24]
Lamentablemente, Angélica estaba
sola en el mundo, no tenía una madre que la apoyara, ni un padre que la
defendiera, la niña se vio sin fuerzas y sin habla cuando la multitud la cargo
hasta llegar al bosque del Sabadal, en donde ya tenían toda la ceremonia
preparada para el sacrificio. Aquellas personas se aprovecharon de que la
pequeña era un ser abandonado en el mundo, quebrantaron y violentaron su vida de la manera más inhumana posible;
estos individuos creyeron que no tendrían un castigo divino porque su fe lo
podía todo, pero la realidad es que sus conciencias desde aquel suceso
aterrador quedaron marcadas para siempre.
No cabe duda, que las personas
quienes se hacían llamar creyentes en Desolación, cometieron un delito
colectivo bajo la percepción del derecho penal y un pecado a los ojos de la
religión, ya que arrasaron sin piedad con la vida de una menor que ni siquiera
comprendía la situación en que se encontraba sometida, una niña que no entendía
que la iban a quemar por “bruja”, éstos individuos en medio de su acto de fe o su ignorancia violaron rotundamente el
deber ser la norma, incumplieron con su obligación de proteger la vida por
encima de cualquier otra cosa, es decir, quebrantaron la premisa de
inviolabilidad que consagra la Constitución Nacional; en este caso debieron de
respetar el valor contenido en la norma, sobre las convicciones y la
libertad religiosa que los poseía cuando
decidieron anticipar intencionadamente la muerte de Angélica, porque según ellos había cometido un delito
religioso de magia y hechicería imponiéndole la pena de quemarla viva en medio
del bosque; un delito o “rito” que según el escenario social y normativo
actual, no está consagrado en el ordenamiento jurídico Colombiano.
Es indiscutible que dentro del
ejercicio de la autonomía, se encuentren distintos derechos y libertades: de
conciencia, de religión, de cultos, de expresión, de manifestación, todos ellos
contenidos y protegidos por la Constitución de forma indeterminada, pero dicha
situación no significa que se pueda vulnerar otros derechos constitucionales,
pues es necesario un criterio valorativo para cada derecho, es decir, para el
desenvolvimiento y pleno desarrollo de cada premisa que contempla la
Constitución; esto trae como consecuencia la prevalencia y la superioridad de
ciertos derechos fundamentales, sobre otros derechos igualmente de carácter
fundamental. El ejemplo más claro, es el
tratado en este ensayo en el cual
se evidenció y se confirmó la supremacía del derecho a la vida frente al
derecho de la libertad religiosa.
BLIBLIOGRAFÍA
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C. IBÁN, Iván; PRIETO SANCHÍS, Luis y MOTILLA Agustín. Manual de Derecho
Eclesiástico. Madrid-España. Editorial Trotta, S.A. 2004.
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principios constitucionales y derechos fundamentales”. Revista: Nuevo Foro
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Derecho a la vida – Alcance. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
· SOTO APARICIO, Fernando. Proceso a un Ángel.
Santafé de Bogotá-Colombia. Editorial Panamericana.1997.
[1] Estudiantes de Séptimo semestre de
Derecho de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, contacto: dahialeja25@hotmail.com y alexexten@hotmail.com, el trabajo es producto de una
reflexión crítica del libro Proceso a un Ángel, motivada en la materia de
Holística Jurídico Penal.
[2] María Gloria García Gallego. “El
Derecho a la Vida en la Constitución colombiana, principios constitucionales y
derechos fundamentales”. Nuevo Foro Penal, Nº.68. Medellín-Colombia. Editorial
Universidad EAFIT., 2005
[3] Ibít., p.192.
[4] Fernando Soto Aparicio. Proceso a un Ángel. Santafé de Bogotá-Colombia.
Editorial Panamericana.1997, p. 30
[6] Iván C. Ibán; Luis
Prieto Sanchís & Agustín Motilla. Manual de Derecho Eclesiástico.
Madrid-España. Editorial Trotta, S.A., 2004
[8] Soto Aparicio, Op.cit., p.102.
[9] C. Ibán; Prieto Sanchís & Motilla, Op.cit.,
p.43
[10] Ibít., p.71.
[11] Soto Aparicio, Op.cit., p.105.
[12] Ibít., p.139.
[13] Sentencia T-232 de 1996.
Corte Constitucional. Derecho a la vida – Naturaleza. Magistrado Ponente: Jaime
Córdoba Triviño.
[14]
Soto Aparicio, Op.cit., p.103.
[16] Sentencia
T - 427 de 1998. Corte Constitucional. Derecho a la vida – Alcance. Magistrado
Ponente: Alejandro Martínez Caballero
[18] Alfonso Gómez Méndez. Delitos
contra la vida y la integridad personal. Bogotá-Colombia. Editorial Universidad
Externado de Colombia.,1998
[20] César Augusto Otálvaro Sánchez. “Delitos
contra la vida y la integridad personal”. Revista Universidad Católica de
Oriente. Rionegro-Antioquia. Editorial Universidad Católica de Oriente., 2004
[21] Soto
Aparicio. Op.cit., p.134.
[23] Soto Aparicio, Op.cit., p.165.
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