Generalmente la reparación del daño causado a una persona consiste en el pago de una indemnización de carácter pecuniario. Entendido el daño como la afectación a un bien jurídico tutelado existen perjuicios que no sólo pueden ser entendidos como una afectación antijurídica del patrimonio material de un individuo, sino que existen conductas que atentan contra bienes jurídicos inmateriales, como la honra, buen nombre, sentimientos, reputación, entre otros, parte integrante de la dignidad del ser humano; los cuales tradicionalmente son reparados en forma económica, la cual no satisface por completo la pretensión reparatoria. Se ha presentado una evolución en la forma de reparación basada en el principio de reparación integral que propende entonces por el statu quo y para ello recurre a adoptar una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, adicionales a las económicas, aspecto que se pretende abordar en el presente escrito desde el ámbito de la responsabilidad médica.
PALABRAS CLAVE
Daño, daño antijurídico, víctima, indemnización, reparación integral, justicia restaurativa.
Alexandra Orejuela
Carvajal[2]
Decisional trends from the state council on medical affairs.
ABSTRACT
Usually the reparation for injury caused is compensation of
a pecuniary nature. Injury being understood as harm to a judicial good under
legal protection, there are damages that not only can be understood as an
unlawful appropriation of personal patrimony, but there are also conducts which
violate intangible goods, like honor, good name, feelings, reputation, among
others, an integral part of human dignity; which traditionally are compensated
monetarily, which does not completely satisfy the pretense of reparation.
An evolution in the form of compensation has arisen
in the form of the principle of integral compensation which favors the status quo and thereby resorts to
adopting a series of symbolic and commemorative measures, in addition to the
economic ones, an aspect which is to be broached in the present brief from the
medical responsibility confine.
KEY WORDS
Damage, unlawful damage, victim, compensation,
integral compensation, restorative justice.
INTRODUCCIÓN
El presente escrito aborda la temática con un
acercamiento al concepto de daño, haciendo referencia a definiciones
doctrinarias y jurisprudenciales. En
segunda instancia se analiza la definición del principio de reparación integral,
formas de reparación, reconocimiento y tratamiento en la esfera internacional
en organismos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por último este escrito examina como dicho
principio es tratado por el Honorable Consejo de Estado en Colombia, mediante el
análisis de cinco sentencias de dicho organismo con el fin de observar la
evolución en las decisiones una vez se introduce el cambio en la forma de
indemnización y por último se detallan
las conclusiones.
Una perspectiva general del concepto de
responsabilidad, la refiere a la obligación que tiene una persona de reparar el
daño que le ha causado a otra, definición que ha sido aceptada por autores como
Alexander Rodríguez y los hermanos Mazeaud, citados por Irisarri[3]; quienes la definen en otros términos que en
última instancia pueden reducirse al concepto antes señalado.
La responsabilidad, en un sentido positivo, es
entendida como “la obligación de reparar pecuniariamente el perjuicio sufrido
por la víctima”[4],
siendo dicha reparación equivalente al daño causado. Así lo ha entendido el Código Civil
Colombiano cuando señala en su artículo 2341 “el que ha cometido un delito o
culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin
perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito
cometido”.
Ahora bien, la responsabilidad, desde una perspectiva
administrativa, “no tiene un fin represivo sino restitutivo”[5],
lo que comporta una responsabilidad patrimonial. Así puede entenderse de lo
consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia al establecer que el Estado
responderá mediante indemnización por los daños antijurídicos o perjuicios que
sufra una persona, y que sean originados por la acción o la omisión de
funcionarios que desempeñen funciones públicas.
Generalmente la reparación del daño causado consiste
en una indemnización de carácter pecuniario. Pero existen perjuicios que no solo
pueden ser entendidos como una afectación antijurídica del patrimonio de un
individuo, sino que existen conductas que atentan contra bienes inmateriales,
como la honra, buen nombre, sentimientos, reputación, entre otros. “Para este
tipo de daños la reparación es prácticamente imposible porque el pago de una
suma no guarda proporción real con el daño que se trata de compensar”[6],
sin embargo esta ha sido la forma más tradicional de reparar el daño.
Pero, en la jurisprudencia contemporánea se habla del
principio de reparación integral,
“entendido éste como aquel precepto que orienta el resarcimiento de un
daño, con el fin de que la persona que lo padezca sea llevada, al menos, a un
punto cercano al que se encontraba antes de la ocurrencia del mismo, debe ser
interpretado y aplicado de conformidad con el tipo de daño producido, es decir,
bien que se trate de uno derivado de la violación a un derecho humano, según el
reconocimiento positivo del orden nacional e internacional o que se refiera a
la lesión de un bien o interés jurídico que no se relaciona con el sistema de
derechos humanos (DDHH)”[7]
El principio de reparación integral propende entonces
por el statu quo y para ello recurre
a adoptar una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, adicionales a las
económicas.
En ese entendido, al interior del Consejo de Estado
se ha venido desarrollando una línea de decisión que contempla la indemnización
a partir del principio de reparación integral, ello lo ha desarrollado en
varios campos de responsabilidad, entre ellos en el ámbito de la responsabilidad
médica.
El presente escrito es resultado del ejercicio de
investigación denominado “Tendencias Decisionales del Consejo de Estado en
Materia Médica: Consentimiento Informado, Seguridad de los Pacientes y Medidas
Restaurativas”, adelantado por el Semillero de Investigación en Derecho
Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Medellín, y tiene por objeto examinar la evolución en las
formas de reparación del daño extrapatrimonial y la forma de indemnizar
–indemnización económica o medidas restaurativas- cuando se configura el caso
de responsabilidad extracontractual por falla en el acto médico obstétrico, a
partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Para ello se elegirán sentencias relacionadas
con la falla del acto médico obstétrico donde se observe la evolución en la
forma de indemnización, las cuales serán analizadas con el método de la línea
jurisprudencial del Profesor Diego López, utilizando como preguntas
orientadoras: (i) ¿Qué criterio define el reconocimiento del daño extrapatrimonial?,
(ii) ¿cómo se repara el daño extrapatrimonial? y, (iii) ¿cómo se materializa el
principio de reparación integral?
1. EL
DAÑO
El daño es un
elemento constitutivo de la responsabilidad, toda vez que la mayoría de los
tratadistas concuerda en decir que la responsabilidad es la obligación que
tiene una persona que ha inferido daño a otra, de reparar dicho daño.
Así,
Cesar Augusto Saavedra Madrid[8]
considera que
para que exista la
responsabilidad debe previamente existir un daño apreciable que lesione la
integridad física, moral o patrimonial, constituyéndose el daño en un elemento
de la responsabilidad. Una vez ésta, se pretende entonces la reparación
mediante una retribución económica para compensar las molestias y el detrimento
sufrido por quien sufrió la lesión de sus derechos.
De otro lado, los
hermanos Mazeaud consideran, citados por Irisarri que “una persona es
responsable civilmente cuando queda obligada a reparar un daño sufrido por
otro”[9],
en idéntico sentido se ha manifestado Alessandri Rodríguez[10] quien
argumenta que “en derecho civil hay responsabilidad cada vez que una persona
debe reparar el perjuicio o daño sufrido por otra.”
En materia de
responsabilidad pública, el concepto de daño antijurídico está definido por la doctrina española como el “perjuicio que el titular
del patrimonio considerado no tiene el deber jurídico de soportarlo, aunque el
agente que lo ocasione obre él mismo con toda licitud.”[11]
En Colombia,
la Honorable Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de daño antijurídico
en múltiples pronunciamientos, de donde se resalta que
En la responsabilidad del Estado el daño no es
sólo el resultado de una actividad irregular o ilícita, sino también del
ejercicio de una actuación regular o lícita, pues lo relevante es que se cause
injustamente un daño a una persona. Como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, la licitud o ilicitud no se predica de la conducta de sus
agentes, sino sólo del daño. Por consiguiente, cuando el daño no puede
reputarse como antijurídico, en razón de que es el resultado del ejercicio
legítimo de los poderes del Estado, no está obligado a indemnizarlo, dado que
en este evento todas las personas están obligadas a asumirlo como una
obligación o una carga. Se ha considerado por la doctrina y la jurisprudencia
que el daño antijurídico es aquél que la víctima no esta en el deber jurídico
de soportar, razón por la cual deviene en una lesión injusta a su patrimonio.[12]
Para efectos
de la presente investigación es necesario precisar que el concepto de daño antijurídico, atenderá lo
dispuesto por la Corte Constitucional tal y como se anotó en el párrafo
precedente, asimismo los conceptos de daño patrimonial y extrapatrimonial se
entenderán en los siguientes términos.
En términos generales el daño, según
Diaz-Granados, se clasifica en (i) daños patrimoniales, entendidos como
aquellos que afectan la esfera patrimonial de quien sufre el daño ya sea en su
integridad física o en sus bienes. A su vez, este tipo de daño se divide en a)
daño emergente, que consiste en las erogaciones efectuadas o que serán
efectuadas por la víctima en razón del daño, b) lucro cesante equivalen a los ingresos que
no serán percibidas por la víctima como consecuencia del daño sufrido y, (ii)
los daños no patrimoniales: definidos como aquellos que “producen un
impacto adverso en la esfera emocional, afectiva, sensorial o espiritual”[13]
en quien sufrió el daño, dentro de este tipo de daño encontramos “el perjuicio
estético, daño a la salud como perjuicio autónomo, perjuicio fisiológico,
perjuicio de placer y daño a la vida de relación, perjuicio sucesoral y daño
moral a las personas jurídicas”.[14]
De
lo anterior se observa que una vez establecido la responsabilidad por el daño
causado, el agente o responsable deberá reparar dicho daño con el propósito de
restituir o reparar en alguna medida a la víctima. En ese sentido, se habla de
tres principios generales para la reparación del daño: (i) reparación integral,
en este caso el responsable del daño debe propender, mediante la reparación, por
volver las cosas al estado anterior a la ocurrencia del daño; (ii) principio
indemnizatorio, donde el agente generador debe reconocer el equivalente al daño
causado y; (iii) evaluación en concreto del daño, bajo el entendido que el daño
será indemnizado en función del caso concreto y particular.
En
la actualidad la reparación gira en torno al principio indemnizatorio, toda vez
que la restitución se da en términos pecuniarios. En ese sentido, no se
analizará lo correspondiente al principio indemnizatorio y a la valoración del
daño, sino que nos centraremos en el entendimiento de las generalidades del
principio de reparación integral y su tratamiento en la jurisprudencia del
Consejo de Estado.
2. Generalidades del Principio de Reparación Integral
La justicia restaurativa
basada en el principio de reparación integral, “entendido éste como aquel precepto que
orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que lo
padezca sea llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de
la ocurrencia del mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad con el
tipo de daño producido, es decir, bien que se trate de uno derivado de la
violación a un derecho humano, según el reconocimiento positivo del orden
nacional e internacional o que se refiera a la lesión de un bien o interés
jurídico que no se relaciona con el sistema de derechos humanos (DDHH).”[15]
En ese sentido entendemos que el principio de
reparación integral propende entonces por el statu quo y para ello recurre a adoptar una serie de medidas
simbólicas y conmemorativas, adicional a las económicas, las cuales pueden
resumirse en (i) La restitución o restitutio in integrum (restablecer las cosas
a su estado normal, a como eran antes de la violación), (ii) La indemnización por
los perjuicios materiales sufridos por las víctimas (comprende daño material y
daño inmaterial), (iii) La rehabilitación (financiación en los distintos campos
donde se requiera: médico, sicológico, siquiátrico, jurídico, social), (iv) La
satisfacción (medidas de carácter simbólico y colectivo que comprende los
perjuicios especialmente no materiales), (v) Garantías de no repetición
(medidas idóneas, de carácter administrativo legislativo o judicial, con el fin
que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su dignidad).
El concepto de reparación integral desarrollado y aplicado en
la esfera internacional por los distintos sistemas de derechos humanos como la
Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido
incorporado a nuestro sistema mediante la Ley 975 de 2005, mas conocida como Ley de Justicia y Paz,
y tiene su aplicabilidad dentro del ámbito del derecho penal. En este sentido la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en el caso 10.488 Informe n° 136/99 establece que-:
“en diversas ocasiones, y específicamente en relación con la violación
del derecho a la vida, que los familiares directos de las víctimas tienen
derecho a ser compensados por esas violaciones debido, entre otras cosas, a que
desconocen las circunstancias de la muerte y los responsables del delito. A este respecto, el Comité ha aclarado e
insistido en que el deber de reparar el daño no se satisface solamente por
medio del ofrecimiento de una cantidad de dinero a los familiares de las víctimas.
En primer término, debe ponerse fin al estado de incertidumbre e ignorancia en
que éstos se encuentran, es decir, otorgar el conocimiento completo y público
de la verdad.
Por otro lado la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altos
(Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú) de
2001, reitera:
Es un principio de derecho internacional que toda violación de una
obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de
repararlo adecuadamente. La reparación del daño ocasionado por la infracción de
una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena
restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento
de la situación anterior. De no ser esto posible, cabe al tribunal
internacional ordenar la adopción de medidas para garantizar los derechos
conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así
como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños
ocasionados.
Reconoce así la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos una
indemnización diferente a la pecuniaria, como por ejemplo: atención gratuita en
el establecimiento de salud, beneficios educativos consistentes en becas y
materiales educativos, expresión pública de solicitud de perdón a las víctimas,
erigir monumento recordatorio, entre otros; estableciéndose así formas de
reparación diferentes a las económicas que se traducen en medidas
restaurativas.
Sin embargo, este principio no opera únicamente en
relación con un derecho humano violado ni es exclusivo del derecho penal; también opera cuando se presenta un daño
derivado de la lesión de un bien jurídico tutelado diferente a un derecho
humano, donde no está comprometido directamente un derecho inherente al núcleo
esencial del ser humano, donde puede verse comprometido su patrimonio y afectar
indirectamente su dignidad y otras garantías fundamentales.[16]
Se evidencia entonces la aplicabilidad de este principio en la evolución en las
decisiones del Consejo de Estado la cual analizaremos a continuación.
3. Principio de Reparación Integral en las decisiones del
Consejo de Estado
A continuación se relacionan cinco sentencias del
Honorable Consejo de Estado, de las cuales, las primeras cuatro, dan cuenta del
tipo de indemnización que caracterizaba los fallos de ese Tribunal, los cuales
eran exclusivamente de tipo pecuniario; la quinta sentencia que se relaciona
involucra un cambio en la forma de indemnización, ya que contempla además de la
indemnización pecuniaria, una reparación de tipo simbólica, aplicando por
primera vez ese alto Tribunal una indemnización de aquellas que hacen parte de
las medidas restaurativas.
3.1
Sentencia 7274, agosto 13 1992, Gloria Villamizar Callejas vs ISS, Consejero
Ponente: Daniel Suárez Hernández
El problema
jurídico se circunscribe a determinar la responsabilidad administrativa del Instituto
de los Seguros Sociales -ISS- por falla en la prestación del servicio, a raíz
de una atención tardía y negligente lo que desencadenó la muerte del
menor. Una vez analizadas las pruebas
aportadas mediante testimonios y declaraciones de siquiatras se concluye sobre la
seria afectación de la actora por los daños sufridos y por la muerte de su hija
recién nacida:
“Dimana de las anteriores observaciones que la ausencia o limitación en
la prueba de haber prestado un servicio adecuado, cuidadoso y diligente por
parte del Instituto demandado a la madre e hija, permiten mantener vigente la
presunción en favor de la parte actora, en virtud de la cual se estructura la
falla del servicio por parte de la Administración y se genera a su cargo el
compromiso del indemnizar los perjuicios ocasionados.”
Es así como el
Consejo de Estado consideró: adecuado indemnizar su doble afectación moral con
una suma equivalente en pesos a 1.300 gramos de oro fino, por los daños
ocasionados a la madre en razón de la muerte de su hija.
3.2
Sentencia 8025, julio 30 de 1993, Marta Lilliana Pérez y otros Vs. ISS,
Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández
Se alega en esta sentencia la falla en el servicio
médico y quirúrgico brindada por el ISS a la actora en razón en atención al
parto de su hijo, según los hechos descritos una vez atendido el parto que
involucró cesárea y que fue catalogado como difícil, se presentaron continencia
urinaria, fiebre recurrente y supuración permanente lo que produjo una
infección, esto conllevo a una histerectomía. Durante el desarrollo de ésta a
su vez se produjo un rompimiento vaginal, según la actora esta situación
desencadenó la imposibilidad de desempeñar su labor habitual en la empresa
donde trabajaba y la imposibilidad de concebir nuevos hijos.
De acuerdo con el análisis realizado por el Consejo
de Estado en lo tocante a los perjuicios morales, que involucran en este caso
el haber lastimado la condición de mujer y madre de la actora estimó indemnizar
así: “…equivalente en pesos a 800 gramos
de oro fino. Para su esposo e hijo, se le reconocerá a cada uno el equivalente
en pesos a 400 gramos del mismo metal”.
En lo tocante a la indemnización por lucro cesante
fue denegado por el Consejo de Estado puesto que no se consideró haber
acreditado debidamente la pérdida de capacidad laboral de la demandante.
3.3
Sentencia 13542, julio 13 2005, ANGELA PATRICIA GOMEZ Y/O vs. ISS, Consejero
Ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA
Se pretende determinar la responsabilidad
administrativa del ISS de los perjuicios morales ocasionados a ANGELA PATRICIA
GOMEZ y RIGOBERTO RESTREPO, con motivo de la pérdida del hijo que esperaban por
aborto mortinato, a raíz de la deficiente prestación de los servicios médicos
hospitalarios recibidos por la actora durante su embarazo.
Según el análisis del Consejo “…la falla del servicio de la entidad demandada que consistió en la
falta de diligencia para realizar un diagnóstico oportuno de la enfermedad
sufrida por el paciente e iniciar de manera temprana el tratamiento adecuado,
implicó para éste la pérdida de la oportunidad de curación y de sobrevivir “.
Se concluye entonces que el sufrimiento de la actora
(dolor, aflicción y amargura) “no estuvo
constituido propiamente por la muerte del hijo por nacer, sino por la pérdida
de la oportunidad de recuperación del mismo, toda vez que, aún en el evento de
que se hubiera efectuado oportunamente la ecografía que se echa de menos, no
existe certeza de que tal recuperación se hubiera podido lograr”, por tanto
en esta oportunidad se indemniza con el equivalente a 50 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así mismo dentro de las pretensiones se solicitó
indemnización por perjuicios a la vida de relación en caso de que la actora no
pudiera volver a concebir, las cuales fueron negadas puesto que posteriormente
tuvo una hija.
3.4
Sentencia 16085, marzo 26 2008, ELVIRA CABALLERO CORREDOR vs. CAPRECOM,
Consejero Ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO
Dentro de
las pretensiones de la sentencia en comento, las actoras reclaman la
indemnización de perjuicios por parte de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE
COMUNICACIONES - CAPRECOM-, como consecuencia de la falla en el servicio médico
que le prestó la entidad a la señora ELVIRA CABALLERO CORREDOR y que trajo como
consecuencia la muerte de su segundo hijo antes de nacer.
La falla en
el servicio se presenta a raíz de la no prestación oportuna del servicio a la
madre en el momento de presentarse el desprendimiento de la placenta, lo que
ocasionó la absorción de sangre por el feto y el consecuente ahogamiento.
Una vez establecida la
responsabilidad administrativa de la entidad el Consejo decide indemnizar a los
padres y abuelos así: 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a los
padres y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a las abuelas y 50
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la hermana.
3.5
Sentencia 18.364, agosto 19 de 2009, Glueimar Echeverry Alegría y otros vs.
Instituto de Seguros Sociales, Consejero ponente: Enrique Gil Botero
Con esta sentencia se
implementa una nueva forma de reparación, y es así como el Consejo de Estado
debe decidir si el ISS es administrativamente responsable por los perjuicios
causados a los actores por la muerte de sus hijas, las cuales nacieron con vida
pero murieron el mismo día de su nacimiento.
El daño ocasionado por la entidad se funda en la siguiente explicación:
existió un yerro
flagrante en la etapa de atención, valoración y diagnóstico de la gestante.
Como se aprecia, la única forma de explicar la generación del daño está
radicada en la culpa o negligencia de la entidad demandada, por cuanto, según
se desprende del acervo probatorio, dada la congestión de la Clínica Rafael
Uribe Uribe en la sala de partos, se generó un diagnóstico y orden
médica por completo errados, que fueron el factor determinante en la producción
de la muerte de las tres
bebés Echeverry Giraldo.
Se establece dentro del análisis
que el haber considerado el embarazo como de feto único tratándose de un
embarazo múltiple, es un error que obedece a falta de diligencia y cuidado por
falta de la entidad que de haberse tenido en cuenta normalmente no hubiera
ocurrido.
El Consejo de Estado decide
entonces indemnizar así: A cada uno de los padres 250 SMMLV, al hermano 150
salarios mínimos, a cada uno de los abuelos 100 SMMLV.
Adicional se concede por concepto de medida
restaurativa “…enviar copia íntegra y auténtica de esta providencia a la
Superintendencia Nacional de Salud, para que remita copia de la misma a cada una
de las EPS que funcionan actualmente en Colombia […] el único propósito de la
medida consiste en la divulgación pedagógica, a efectos de que situación como
la descrita en la sentencia no se vuelva a repetir”.
4. Conclusiones
El análisis jurisprudencial permite evidenciar que
solo hasta el año 2009 el Consejo de Estado por primera vez en el ámbito de
ginecoobstetricia, materializó en uno de sus fallos el concepto de medida
restaurativa, aplicando una indemnización de carácter simbólico.
El siguiente es un cuadro resumen de sentencias
analizadas que permiten visualizar de manera sucinta lo hasta aquí expresado.
Cuadro
resumen de sentencias
|
Sentencia
|
Fecha
|
Consejero ponente
|
Valor de la indemnización por
perjuicios extrapatrimoniales
|
|
7274
|
Agosto 13 1992
|
Daniel Suárez Hernández
|
Equivalente en pesos a 1.300 gramos de oro fino por los daños ocasionados a la madre en
razón de la muerte de su hija.
|
|
8025
|
Julio 30 1993
|
Daniel Suárez Hernández
|
Equivalente en
pesos a 800 gramos de oro fino a la actora.
Equivalente en
pesos a 400 gramos del mismo metal para su esposo y otro tanto para su hijo.
|
|
13542
|
Julio 13 2005
|
Ramiro Saavedra Becerra
|
Equivalente a 50
smmlv.
|
|
16085
|
Marzo 26 2008
|
Ruth Stella Correa Palacio
|
Equivalente a 100 smmlv a los padres y 50 smlmv a cada una de las
abuelas y 50 smmlv a la hermana.
|
|
18364
|
Agosto 19 2009
|
Enrique Gil Botero
|
250 smmlv a cada uno de los padres, 150 smmlv al hermano,
100 smmlv a cada uno de los abuelos.
Por concepto de
medida restaurativa se ordena enviar copia íntegra de la providencia a todas
las EPS colombianas con el fin pedagógico de que la situación no se vuelva a
repetir.
|
Las cuatro primeras sentencias analizadas (comprendidas entre los años 1992
y 2008) contemplan la indemnización en torno a la retribución, una manera
convencional que involucra el otorgamiento de dinero con el fin de
compensar/sustituir la pérdida sufrida a causa del daño propiciado por la
entidad estatal (en este caso entidades hospitalarias estatales), puesto que es
imposible volver al statu quo.
Sin embargo en la sentencia 18364 tiene un alcance
mayor y trata de ir más allá con el fin de lograr una cercanía al statu quo. Es así como esta sentencia trae innovaciones:
Adicional al reconocimiento de los perjuicios extrapatrimoniales donde se
supera el monto máximo de los 100 smmlv decretado en las demás sentencias, se
incluye el decreto de una medida restaurativa.
Si bien este tipo de medida, la restaurativa, nace en el campo penal
como consecuencia de la violación de los derechos humanos, no está vedada a los
diferentes ámbitos del derecho; toda vez que la violación a dichos derechos
reconocidos en la carta constitucional pueden presentarse en cualquier
campo. Es así como se alude en la
sentencia a factores como la prevalencia de los derechos de los niños, el
reconocimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, el respeto
por la dignidad humana los cuales fueron atacados con la actuación negligente
de la entidad hospitalaria ocasionando no solo el daño sino que “desborda la
órbita del derecho subjetivo de las víctimas y de los perjudicados con el daño
[…] se torna necesario decretar e implementar garantías de no repetición, a
efectos de proteger la dimensión objetiva del derecho…”.
Esta innovación que nos trae esta sentencia también
nos hace pensar en los cambios que se han suscitado en lo tocante a la
responsabilidad, según lo analizado en las sentencias precedentes la función
indemnizatoria (en dinero) es una forma de resarcir el daño sufrido por las
personas el cual no están en la obligación de soportar, sin embargo con esta
decisión se le endilga otra función al reconocimiento de la responsabilidad: la
función preventiva donde uno de sus puntos es la garantía de no
repetición. Es claro en esta sentencia
la intención del juzgador de propender por el compromiso de las instituciones
hospitalarias del país, para que situaciones como esta no se vuelvan a
presentar so pena de incurrir en la indemnización decretada y lo más importante
la no violación de los derechos declarados en nuestra carta fundamental.
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[2] Estudiante de
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[3] IRISARRI, Catalina. El daño
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[5] PAILLET,
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[9] IRISARRI, Catalina. El daño
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[10]RODRÍGUEZ, Alessandri.
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[11] IRISARRI, Catalina. El daño
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[12] Corte Constitucional. Sentencia
C 430 de 2000. MP: Dr. Antonio Barrera Carbonell. Colombia
[13] DÍAZ-GRANADOS, Juan Manuel. El seguro de responsabilidad. Bogotá. Centro
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