Articulo recibido: 9 de abril de 2012
Articulo aceptado: 20 de mayo de 2012
El artículo hará un balance de la participación política del campesino bajo dos experiencias de organización social en los municipios de Caramanta y Támesis ubicados en el departamento de Antioquia, Colombia. Esto con la finalidad de identificar y caracterizar las distintas formas de participación política del poblador rural, así como sus formas de organización social, que influyen directamente en la búsqueda de inclusión y en la toma de decisiones locales. En el caso de los municipios de interés para este estudio, los procesos participativos van en dos vías: una, ligada a la participación convencional mediante mecanismos de participación ciudadana, y en el otro sentido está la organización de los campesinos, quienes se han convertido en actores políticos visibles en la comunidad, tanto para la población en general como para los actores institucionales y de presión de las localidades. Estas formas de organización orgánica buscan, mediante procesos de resistencia y luchas territoriales, nuevas formas de participación política[1].
Palabras claves: Participación política rural, Organizaciones campesinas, Democracia participativa, Mecanismos de participación ciudadana.
Jhony Alexander Tamayo Castro[2]
Estudiante de quinto semestre de
Ciencia Política, Universidad de Antioquia.
jholex88@hotmail.com
Political participation of peasants in Colombia, between the institutional and organizational processes. The case of peasant organizations southwestern Antioquia.
Abstract:
The article will take stock of the political participation of the peasant under two experiences of social organization in the municipalities of Caramanta and Thames in the department of Antioquia, Colombia. This was done to identify and characterize the various forms of political participation of the rural population and their social organization, which directly influence the search and inclusion in local decision making. In the case of the municipalities of interest to this study, participatory processes are in two ways: one, linked to participation by conventional mechanisms of citizen participation, and the other way is to organize the peasants, who have become visible political actors in the community, both for the general public as to institutional stakeholders and pressure of the localities. These organic forms of organization seeking, through processes of resistance and turf wars, new forms of political participation [1].
Keywords:
Political participation rural, peasant organizations, participatory democracy, citizen participation mechanisms.
Introducción
Históricamente los
campesinos en Colombia han tenido un papel fundamental en las dinámicas
sociopolíticas del país. Sin embargo, el Estado, la sociedad y la academia
suelen invisibilizarlos, reduciéndolos a simples agentes económicos productores
de alimentos, sin tener en cuenta las zonas rurales del país como escenarios de
constantes luchas y reivindicaciones sociales que promueven y revalúan el ejercicio
mismo de la democracia. Pensar en democracia en Colombia no es posible sin
mirar la calidad de la misma en los sectores rurales, además de los constantes
cambios y transformaciones del sector.
Tras la
Constitución de 1991, Colombia se ha embarcado en un proceso de
descentralización que ha buscado la redefinición de los procesos políticos que
condicionan las relaciones entre el Estado y la sociedad. Esto implicó que, en el
marco de la descentralización, se diera más autonomía territorial al Estado en
sus diferentes niveles, pretendiendo su modernización, entendiendo por ésta
hacer efectivos los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de los
ciudadanos. De esta forma, la participación política se configura como
condición necesaria para la satisfacción de las demandas de la sociedad civil y
para el mantenimiento del régimen político del país.
Este fenómeno
político puede enmarcarse a nivel general, en un cambio o transformación en el
ejercicio del poder, no sólo en Colombia sino del cual América latina ha sido
protagonista. En este sentido, María
Teresa Uribe lo señala como una nueva
tendencia de politización de la sociedad que gira en torno a la relación entre
el Estado y la sociedad civil, la cual es nombrada por la autora como una
sociopolitización (Uribe de Hincapié, 1993),
creando una ruptura en un modelo centralizado en el que el Estado era el único
actor en la política. Bajo este proceso se empodera al ciudadano de mecanismos
de participación política que promueven una ciudadanía activa. La Corte
Constitucional en Sentencia del 14 de
abril de 1994, expresa la participación política como fundamento de la
democracia, aumentando las oportunidades reales de participación y acción en lo
público.
En este sentido,
los campesinos han buscado apropiarse de estos espacios institucionales, con el
fin de tener control sobre el ejercicio del poder. Del mismo modo, han creado
mecanismos de toma de decisiones que fortalecen las dinámicas adquiridas por
ellos. Esto ha ocasionado que el Estado haya creado espacios de deliberación,
como la Asamblea Municipal Constituyente y el Consejo Municipal de Desarrollo
Rural (CMDR), por medio de los cuales los campesinos participan en un marco institucional
para la toma de decisiones.
Sin embargo, el error inaceptable es la
unificación del discurso sobre la democratización campesina. Los procesos
democráticos de participación son casi el derrotero de nuestro tiempo. Las
exigencias participativas de la cooperación internacional, los modelos de
planeación participativa que se imponen desde el gobierno, por ejemplo, a
través de los CMDR, son estrategias ubicadas dentro de una ola de
democratización formal presentada en el país, principalmente, a partir de la Constitución
de 1991, panorama que debe aprovecharse pero desde una perspectiva más
integradora (Mesías García, 2004: 244).
Por
las condiciones actuales del país, estos mecanismos siguen siendo legitimadores
del poder público, convirtiéndose en simples experiencias de democracia
directa, enmarcadas en las lógicas de la democracia representativa. Esto
implica que, aunque
la Carta Constitucional haya generado nuevos procesos de democratización, los
actores participantes, en este caso los campesinos, se encuentran en una
encrucijada producto de los desbalances del poder.
Para
pensarse la democracia en las zonas rurales es necesario ver las experiencias
territoriales, debido al modelo descentralizado que promulga la Constitución
Política de 1991, en la que se le da autonomía de gobierno y administración de
recursos a los entes territoriales descentralizados, tal como se expresa con la
Asamblea Nacional Constituyente: “Las entidades territoriales gozan de
autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la
constitución y la ley” (Asamblea Constituyente,
1991).
Hay que reconocer a la descentralización como el contexto donde hoy se
enmarcan los procesos democráticos. Para ello, se establece la
descentralización como un proceso político, económico y administrativo en el
cual se embarcaron los países latinoamericanos desde los años ochenta, buscando
resignificar las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, en el seno de los
regímenes políticos venidos a menos o puestos en cuestión por su legitimidad.
Para el caso latinoamericano se pueden identificar dos lógicas que
justificaron las prácticas descentralistas (Gaitán
& Moreno, 1993). Una se ubica en el plano de rediseñar la base
territorial del poder político, con el objetivo de modificar las relaciones
entre el “Estado central”, las regiones y provincias. La otra se ubica en la
base de redefinir las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, buscando
con ello satisfacer las demandas de la población para acceder al sistema
productivo y ampliar los espacios de participación. Estas lógicas van a
acompañar el proceso de descentralización vivido en Colombia.
Sin
embargo, Héctor Mondragón, investigador de la problemática rural, afirma que,
“Para que la descentralización surta un efecto democratizador y
modernizante es necesario romper el oligopolio de la propiedad de la tierra en
manos de los gamonales. El régimen de propiedad latifundista se liga
indisolublemente al clientelismo, el tráfico de votos y a la violencia que
determinan el resultado de la mayoría de las elecciones. De ese régimen y de la
crisis de la estructura gamonalista que está en el corazón de la crisis
colombiana puede salirse solo con un movimiento campesino autónomo centralizado
nacionalmente, que tenga la suficiente fuerza para cambiar democráticamente la
relación local de las fuerzas sociales.”(Mondragón,
2002)
Siguiendo al autor, no es posible determinar una democracia en el campo
colombiano si sigue persistiendo el alto índice de concentración de la tierra,
el despojo violento y la falta de soberanía del Estado en territorios rurales.
En este sentido se hace necesario replantearse la democracia en un contexto
conflictivo, donde los grupos armados no dan cabida para la participación
política. Los actores armados, el narcotráfico, los grandes latifundistas, unas
instituciones estatales endebles, entre otros factores, no han permitido la
construcción de la democracia en el campo colombiano.
A partir de lo narrado, podemos visualizar que la organización social
se convierte en un bastión para el desarrollo de las comunidades, siendo los
procesos organizativos los integradores de necesidades y luchas individuales
que fortalezcan la posibilidad de acción de los campesinos, así como la
conservación de identidad campesina y la democratización de los territorios. Debido
a las enormes deficiencias institucionales para el ejercicio pleno de la
ciudadanía en el campo colombiano, distintos sectores sociales se han organizado
en búsqueda de reivindicaciones y luchas que garanticen la toma de decisiones
en pro de la población.
La clave para entender la participación del campesino en la democracia
colombiana estriba en dos factores: un primer factor relacionado en la construcción
de ciudadanía en medio de tensiones por el poder y los conflictos que desde lo
local surgen por la restricción de derechos sobre los sectores populares, y,
por otro lado, los discursos y las praxis de estos sectores que desde abajo
configuran subjetividades e imaginarios colectivos de democracia, reproducen
los hegemónicos y/ o los subvierten (Mesías
García, 2004).
Esto ha hecho que, bajo el discurso de la democracia participativa, se
haya ampliado el espectro de la ciudadanía, otorgándoles mayor participación a
los ciudadanos en la toma de decisiones, mediante escenarios de deliberación
que se instrumentalizan a través de mecanismos regulados normativamente. Sin
embargo, la democracia participativa no pretende negar las formas de
representación política, sino darles un nuevo sentido a través de la
desestatización de lo público y del incremento de la deliberación ciudadana.
“En tal sentido, la
representación política y participación ciudadana constituyen pilares
complementarios de los sistemas democráticos y no formas alternativas de
configuración institucional y de las prácticas políticas” (Velásquez, 2010: 64).
Este artículo pretende mostrar, bajo los parámetros de la
democratización del sector rural, dos claves fundamentales: una los mecanismos
de participación ciudadana que se contemplan bajo las lógicas institucionales,
y, por otro lado, la organización social como forma de construir democracia
desde abajo, de romper esquemas e intervenir en lo público mediante mecanismos
no convencionales que surgen de las experiencias locales, de reivindicaciones
propias y de formas de concebir lo público como un espacio de construcción
constante de un sujeto colectivo.
Este texto surge de un proceso continuo de investigación y
acercamiento a las comunidades campesinas desde el semillero de Estudios
políticos rurales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Antioquia.
Bajo perspectivas disciplinares de la ciencia política, hemos indagado
acerca de las dinámicas políticas en los territorios rurales, así como la
relación existente o inexistente entre los campesinos y las instituciones
estatales. Metodológicamente hemos utilizado el método
cualitativo, valiéndonos de estrategias comparativas e interpretativas en el
análisis de la información, de fuentes secundarias para la elaboración del
marco teórico, y de la realización de entrevistas semiestructuradas a grupos
focales en dos municipios del suroeste antioqueño: Caramanta y Támesis[3].
La democracia
participativa y la participación política un acercamiento teórico
La palabra democracia es en su naturaleza
conflictiva, compleja y en ocasiones abstracta, en tanto el término denota un
significado que se acomoda a muchas situaciones que se presentan en las
relaciones sociales de los seres humanos. La democracia en un sentido lato como
concepto político, como sistema de gobierno o como ideología, tiene un complejo
que radica en su naturaleza polisémica, puesto que las diferentes concepciones
sobre democracia van ligadas a los contextos, a las realidades particulares y a
las formas de interpretación de la misma. Es por esto que no se hace plausible,
al menos en el caso práctico, poder tener una definición única e ineludible que
connote un consenso, lo que implica que en el presente artículo se hablará de
democracia bajo sus matices y variables.
El concepto de
democracia ha ido creciendo debido al surgimiento de nuevas interpretaciones, y
conforme a los contextos particulares en los que debe usarse el concepto. Tal como
lo ha de proponer Bovero, hablar de democracia a secas conlleva a malinterpretaciones
y conjeturas erradas. Por esto, es necesario ponerle adjetivos a la democracia
e identificar sus verbos (Bovero, 2002) , o, simplemente, hablar de
democracia en singular o en plural, en la medida que la democracia en sentido
prescriptivo no se erige sobre los mismos principios en distintas épocas y
espacios,
“La primera tesis concibe la teoría de la democracia (en singular) como
un tronco del que después nacen múltiples ramas. La segunda, en cambio,
sostiene que no existe, que las democracias (en plural) constituyen en sí un
árbol cada una” (Sartori, 1994: 8).
A través de ese
proceso de estructuración de un concepto[4], han
existido una serie de modelos de democracia que van ligados a un contexto
determinado. En primera instancia, y que para efectos de este artículo es el
punto de partida para la construcción teórica de la democracia participativa,
podemos hablar de un modelo de democracia directa o participativa, es decir, el
modelo ateniense de democracia. En éste la asamblea era el centro de la vida
política, donde los ciudadanos participaban directamente, cumplían con
funciones legislativas, ocupaban cargos ejecutivos y ejercían directamente
funciones judiciales (Del Aguila, 1997: 145).
Es por esto que la
democracia ateniense requería un compromiso general, una virtud cívica, la
subordinación de la vida privada a los asuntos públicos y al bien común (Held, 1997); esto ligado al concepto de
ciudadanía como elemento fundamental de la democracia,
“Por democracia directa se entiende estrictamente la
participación de todos los ciudadanos en todas las decisiones que le atañen,
ciertamente la propuesta es insensata. Es materialmente imposible que todos
decidan todo en sociedades cada vez más complejas como las sociedades
industriales modernas; y es, desde el punto de vista del desarrollo ético e
intelectual de la humanidad, indeseable.”(Bobbio
et al, 1986: 33)
De acuerdo con lo
anterior, es de anotar que pensarse un modelo de democracia directa en las
sociedades contemporáneas resulta imposible en su aplicación real. Es por eso
que se habla de la incursión de mecanismos de democracia directa en las lógicas
de la democracia representativa,
“La calidad de un régimen democrático es una preocupación práctica y
teórica simultáneamente. Hoy día en América Latina se incrementan con mayor
fuerza los debates en relación a cómo consolidar los gobiernos democráticos.
Por ejemplo controlando la corrupción. Fortaleciendo las instituciones del
sistema político y reduciendo la influencia de los partidos políticos para
incorporar diferentes mecanismos de democracia directa (MDD). Se cree que éstos
podrían aumentar la calidad de cualquier democracia en las democracias formales
ya consolidadas. Sin embargo, es fundamental volver a discutir lo que se
entiende por democracia formal; asimismo. En América Latina existen diferentes
versiones sobre lo que es, o puede llegar a ser, la calidad de una democracia” (Gamboa R, 2010: 9)
Debido a esto, la democracia participativa se ha convertido en el
derrotero de los regímenes democráticos actuales, como respuesta a los vacíos
del modelo hegemónico, bajo una nueva gramática de organización de la sociedad
y de su relación con el Estado. Lo anterior teniendo como punto de partida el
reconocimiento de la diversidad de las sociedades modernas, y el rechazo a toda
forma homogénea, única y universal de organización social y de la política. (Velásquez, 2010: 62)
Por otra parte, la democracia participativa no tiene una definición
única y concertada. Sin embargo, los distintos planteamientos reconocen una ruptura
del modelo hegemónico (de Souza Santos &
Arvitzer, 2004), y el agregado de mecanismos de democracia directa que
permitan al ciudadano una mayor participación en el escenario público,
“La democracia participativa se inserta en un proceso de formación que
como dice Macpherson, no responde a una modulación tan sólida como los modelos
pluralista y competitivo, ya que se trata de un proceso constituyente de acción
en el que los movimientos sociales tienen una gran importancia y donde se
empieza a pensar en un control más radical de lo político y de la economía” (Rodríguez, 2005)
Fabio Velásquez argumenta que la democracia participativa no pretende
negar las formas de representación política, sino darles un nuevo sentido a
través de la desestatalización de lo público y el incremento de la deliberación
ciudadana. En este sentido, la representación política y la participación
ciudadana constituyen pilares democráticos y no formas alternativas de
configuración institucional y de las prácticas políticas (Velásquez, 2010: 64). Es decir, la democracia participativa está
inmersa en la formalidad de la institucionalidad, el ciudadano se hace
partícipe mediante mecanismos de democracia directa, que en Colombia son
llamados mecanismos de participación ciudadana.
Frente a esto Massal afirma:
“En
América Latina se enfatizan los posibles mecanismos de “democracia “directa”,
donde se elimina la mediación de los partidos, sindicatos y otros
intermediarios tradicionales (desacreditados y poco legítimos), entre la
población y el poder ejecutivo (asambleas ciudadanas o constituyentes). Se
suele justificar la promoción de estos mecanismos en contexto de crisis de los
partidos, de la representación y de las instituciones democráticas formales,
incluidos los parlamentos, siendo esta instancia una de las más desacreditadas
en varios países” (Massal, 2010: 85)
El
aumento de la participación de la sociedad en el escenario político llevó
consigo una redefinición sobre la adecuación no participativa y burocrática a
nivel local, volviendo a poner el problema de la escala en el interior del
debate democrático:
“La mayor
parte de las experiencias participativas en los países recién democratizados
del Sur tiene su éxito en la capacidad de los actores sociales de transferir
prácticas e informaciones del nivel social al nivel administrativo”(de Souza Santos & Arvitzer, 2004: 49).
Como ya se ha
referenciado, la democracia participativa genera mecanismos de participación
ciudadana que permiten una inclusión de los ciudadanos en la toma de
decisiones, así como el ejercicio de deliberación y participación. En este
sentido, la participación política es un eje fundamental de esta propuesta, sin
entrar a discusiones teóricas de diferenciación conceptual entre participación
ciudadana y política, debido a que esta discusión desviaría el objetivo del
artículo. Por tanto, podemos entender la participación ciudadana como,
“[…] el proceso mediante el cual diferentes actores sociales,
económicos, políticos, en forma individual o colectiva y en función de sus
necesidades, intereses, recursos o motivaciones, intervienen en el escenario público con el fin de obtener
bienes y servicios y/o incidir en la definición de asuntos de interés
colectivo” (Velásquez, 2010: 68)
Los escenarios
democráticos de participación ciudadana sobre los cuales se están adelantando
procesos de intercambio entre el Estado y la sociedad civil organizada en los
municipios de Caramanta y Támesis, que responden al interés de participación de
los campesinos en los asuntos públicos, son el Concejo Municipal de Desarrollo
Rural y la Asamblea Municipal Constituyente, los cuales se conciben como
estrategias que permiten el desarrollo de la ciudadanía, el primero desde el
mandato de la ley, y el segundo desde las propuestas en conjunto de la
institucionalidad y la sociedad civil.
Los instrumentos de la
Democracia Participativa, hacia un replanteamiento de los mecanismos de
participación ciudadana
Como ya se había mencionado, una de las estrategias para ampliar el
canon democrático desde lo institucional y desde las lógicas del poder, son los
llamados mecanismos de participación ciudadana, tras los cuales se ha
involucrado, en cierta medida, a los actores en la toma de decisiones y en la
planeación para el desarrollo. El Informe de desarrollo humano del 2011 contempla
fortalecer los mecanismos de participación como los Conseas (consejos seccionales
agropecuarios), las Mesas de Tierras, las instancias de la protección de
tierras y patrimonios (PPTP), los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, los
consejos de cadenas productivas, y similares, como pilar para el desarrollo de
las comunidades rurales (PNUD, 2011).
Es de anotar que el campesino es un ciudadano en el
sentido liberal del estatus legal formal, donde hay igualdad de derechos. Así,
la participación política del actor rural puede trascender de las instancias
contempladas en la normatividad vigente, es decir, de la Ley 134 de 1994 que
regula los mecanismos de participación ciudadana bajo mandato constitucional en
un Estado Social de Derecho. Estos mecanismos que contempla la ley son: el voto, plebiscito, el referendo, el referendo derogatorio, el referendo aprobatorio, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato
En
este sentido, el campesino puede participar políticamente bajo los mecanismos
formales ya mencionados. Sin embargo, se han creado mecanismos especiales para
los territorios rurales, a partir de la diferenciación de unas dinámicas
propias que configuran nuevos órdenes y nuevos procesos, como los Consejos
Municipales de Desarrollo Rural y las Asambleas Municipales Constituyentes.
En el terreno de
las prácticas descentralistas es donde se promulgan las leyes que incentivan la
participación ciudadana. En tal sentido, se crea la Ley 101 de reforma
agropecuaria y pesquera que propone la creación del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural en 1993, pretendiendo con ello incentivar la participación de
las comunidades rurales en la gestión y planeación del desarrollo rural
colombiano.
De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 101 de
1993, el CMDR,
“es una instancia de concertación entre
las autoridades locales, las comunidades rurales y las entidades públicas en
materia de desarrollo rural. El Consejo opera según la dinámica de cada
municipio y funciona bajo su propia reglamentación. En el municipio donde
exista una instancia de participación ciudadana que cumpla con los propósitos
del CMDR, no será necesaria su creación” (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2010).
De modo muy general, los Consejos deben
configurarse en la instancia superior para la concertación en materia de
desarrollo rural, y para la planeación participativa e integral del desarrollo
de los territorios rurales[5]. Además,
debe ser el espacio que reúna y articule el trabajo rural entre las autoridades
municipales, las comunidades rurales y las entidades públicas.
El desarrollo rural, según la normatividad que regula los CMDR, debe
estar enfocado a varios ejes. El primero de ellos es la planeación
participativa, buscando con ella que las decisiones sean el resultado de un
proceso concertado, que debe ser construido de abajo hacia arriba. Por lo tanto,
sus decisiones deben reflejar los intereses de las comunidades, las
organizaciones sociales, las agremiaciones de productores, y los actores
políticos e institucionales que lo conforman.
Otro eje estructurante de los proyectos de desarrollo que se gestionan a
través de los CMDR, debe ser la equidad, puesto que estos consejos deben
garantizar que las decisiones que se tomen estén orientadas a beneficiar
equitativamente a grupos sociales tradicionalmente marginados, como las
mujeres, los niños, los jóvenes y los ancianos sin distingo de color, opinión o
credo. Un tercer eje es la articulación entre el mundo rural y el mundo urbano,
con el que se pretende dejar de utilizar perspectivas de planificación que
desde lo urbano desconocen lo rural como componente estructural.
El CMDR deberá conformarse como mínimo por: El alcalde, quien lo
presidirá; representantes designados por el Concejo Municipal; representantes
de las entidades públicas que adelanten acciones de desarrollo rural en el municipio;
representantes de las asociaciones de campesinos y de los gremios con presencia
en el municipio; representantes de las comunidades rurales del municipio, quienes
deberán ser pluralistas y constituir mayoría. Igualmente, deben tener las
siguientes funciones: coordinar la definición de las demandas locales frente a
los servicios agropecuarios y de desarrollo rural, y promover su satisfacción
por parte de las entidades responsables; evaluar, discutir y aprobar el plan de
desarrollo agropecuario y de desarrollo rural municipal; concertar las
prioridades en materia de inversión pública agropecuaria, pesquera, forestal
comercial y de desarrollo rural a nivel municipal; y realizar el seguimiento a
la ejecución de los planes, programas y proyectos sectoriales y de desarrollo
rural desarrollados a nivel local.
Por otro lado, proponiendo
profundizar el ejercicio de la ciudadanía, hacen aparición en la esfera de la participación
los procesos de Asambleas Municipales Constituyentes (AMC), las cuales,
apelando a lo inconcluso del proceso de descentralización y realización del
ciudadano pleno, recurren a la autodeterminación política y territorial de la
sociedad civil. Desde las AMC se buscan soluciones, tanto para el conflicto
armado como para la ausencia del Estado a nivel local y regional. Es así como
se recurre al discurso de la participación ciudadana que consagra la Constitución
de 1991, y al empoderamiento ciudadano.
Las AMC están soportadas legalmente en los principios fundamentales de
las Constitución Política, específicamente en los artículos 1, 2 y 3. En el
artículo 1 se contempla que “Colombia es un Estado social de derecho organizado
en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista fundada en el respeto de
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general” (Asamblea Constituyente, 1991). De forma consecuente, las AMC son
concebidas desde la Gobernación de Antioquia como estrategias que profundizan
la descentralización de la política y del ejercicio de la democracia directa, a
través de la participación ciudadana en espacios amplios y plurales en los
municipios y regiones del departamento
(Gobernación de Antioquia & Instituto de Estudios Regionales, 2006a).
Esto nos muestra como, al menos desde lo normativo, se pretende la vinculación directa de los ciudadanos en las
lógicas del poder público, y en la toma de decisiones mediante mecanismos de
deliberación. Sin embargo, estos están en marco institucional, donde los
desbalances siempre van a existir, dadas las relaciones de poder de la
administración municipal y los grandes grupos de interés de la región,
excluyendo al campesino de la participación en instancias gubernamentales.
La Asamblea de Caramanta,
un escenario de deliberación
Caramanta es un
municipio de Colombia localizado en la subregión Suroeste del departamento de
Antioquia. Cuenta con una población de 5.510 habitantes distribuidos de la
siguiente manera: 2.586 en la cabecera municipal, y 2.924 habitantes en el área
rural (Alcaldía Municipal de Caramanta, 2008),
dando cuenta que buena parte de la población caramanteña tiene connotaciones,
vocación y economía campesina.
El proceso constituyente del municipio de Caramanta es
de varios años atrás, y ha constituido un espacio de deliberación y de
participación de los ciudadanos en el ejercicio de una ciudadanía activa. La
Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta tiene sus orígenes en la
confluencia de dos procesos simultáneos. Por un lado, la iniciativa del sector
gubernamental, presidido por el Alcalde Hermán Javier Ocampo, que en su período
de gobierno (2001-2003) promovió la participación ciudadana del municipio. Por
otro lado, está el proceso de empoderamiento de las comunidades organizadas,
las cuales, a través de procesos de capacitación y concertación, vieron la
necesidad de consolidar espacios de deliberación que influyeran en la toma de
decisiones locales. (Gobernación de Antioquia
& Instituto de Estudios Regionales, 2006b).
La Asamblea ya
cuenta con XXI sesiones, en donde se han discutido diversos temas relacionados
con la problemática del municipio. Estas discusiones han variado acorde a la
coyuntura nacional, departamental y municipal; haciendo que los temas tratados
hayan evolucionado a la par que se reconfiguran las dinámicas municipales y las
condiciones locales. Por ejemplo, la última vez en la que sesionó la AMC fue el
24 de marzo de 2012, en donde se discutió acerca de la problemática minera en
el municipio, una locomotora a gran escala que afecta los intereses de los
caramanteños. En dicha Asamblea se concertaron como respuestas y propuestas las
siguientes:
· Conocer y socializar el Código de minas o Ley 685 de 2001.
· Hacer talleres para revisar el EOT con las comunidades.
· Hacer reconocimiento de la Política Ambiental y el Sistema Nacional
Ambiental.
· Conformar la Veeduría Ciudadana para hacer control al tema minero, no
solo la Asamblea sino la comunidad en general.
· Dentro del Plan de Desarrollo Municipal incluir Políticas Públicas en el
tema ambiental (aguas, ecosistemas, suelos, flora, fauna).
A partir de lo
anterior podemos identificar que por medio de la AMC se logra participar
activamente en el escenario público del municipio, a través de propuestas y
mecanismos de respuestas frente a la problemática actual que se vive en la
localidad.
Uno de los actores
claves de la constitución y ejercicio de la AMC, es la Asociación Agropecuaria
de Caramanta (ASAP)[6],
una organización social de base campesina que reúne a más de 80 familias del
municipio, y que mediante sus procesos organizativos han actuado y promovido la
AMC, consolidándose como actor colectivo que participa activamente en los
procesos políticos locales.
Sin embargo, la
Asamblea no es el único espacio de participación política de la Asociación, en
la medida que los campesinos han ido involucrándose en las lógicas del poder
público, participando activamente en los mecanismos institucionales de participación.
No obstante, también han tomado distancia frente a estos, mediante la
organización y gestión de proyectos que beneficien los intereses de sus
integrantes, a través de recursos de cooperación internacional que fortalezcan
la organización y la oposición a proyectos locales que van en contravía de sus
intereses, ya sea como colectivo o como individuos.
Por otra parte, la
implementación de técnicas y procesos agrícolas alternativos, alejados de los
proyectos locales y de las dinámicas de la economía mundial, constituyen un proceso
de participación distante de las lógicas instituciones. La instauración de
mesas de trabajo, las capacitaciones y foros frente a la problemática del
municipio, los constituyen como un sujeto colectivo activo en el escenario
político local, que, en caso de ser necesario, participan en los mecanismos
formales.
El Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Támesis, entre la
participación y el desarrollo de las comunidades
Támesis es un municipio de Colombia localizado en la subregión Suroeste del
departamento de Antioquia. Posee una extensión de 245 kilómetros cuadrados
(24.500 hectáreas), cuenta con una población de 16.676 habitantes (Fuente DANE
2005), de los cuales el 60% se encuentra en zona rural. La economía municipal
está fundamentada en la producción agrícola, siendo los primeros renglones el
café, el plátano, los pastos, la caña de azúcar, el cacao y los cítricos. La
explotación cafetera en el municipio de Támesis continúa siendo la principal
dinamizadora de la economía. El cultivo del café se hace intercalado con
plátano, frutales, maderables y productos tradicionales como la yuca, fríjol y
maíz que contribuyen a mejorar la calidad alimenticia de la población. (Alcaldía municipal de Támesis, Periodo 2008- 2011).
La participación
política de los campesinos del municipio en el ámbito institucional se da a
través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), creado en el mayo de
2009 bajo acuerdo 003 del Consejo Municipal de Támesis:
“Créase el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, como una instancia
superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades
rurales y las entidades públicas en
materia de desarrollo rural, encargado de orientar y definir las políticas,
planes, programas, proyectos y acciones destinados al sector rural, para
contribuir al fortalecimiento del campo a nivel económico y social y a su
desarrollo integral.” (Concejo Municipal de
Támesis, 2009)
El CMDR en Támesis
se crea con la expectativa de una mayor participación de los campesinos en la
planeación para el desarrollo de sus territorios. Si bien la consolidación de
este espacio ha sido un poco lenta, la apropiación de éste como mecanismo
formal y efectivo de participación se ha dado a través de organizaciones
sociales.
Una de las
organizaciones con más fuerza en el sector es la Asociación Biabuma[7] que,
bajo la organización y el liderazgo de sus integrantes, ha logrado interferir y
participar activamente en las decisiones que competen al desarrollo rural de
municipio, en tanto éste es el fin último de los CMDR: promover una
participación activa en el desarrollo de las comunidades rurales.
La participación ciudadana a través del CMDR en el municipio de Támesis,
logró insertar a los campesinos en un escenario antes desconocido para ellos y
sus demandas en la agenda pública. La participación activa en proyectos
gestionados por el CMDR ha logrado redimensionar el papel del campesino, en
tanto lo ubica como constructor de democracia en términos participativos, y permite
el fortalecimiento del mismo como sujeto político.
En esta misma lógica, la vinculación efectiva de los campesinos a estos
mecanismos se da mediante organizaciones o gremios que vinculen propuestas bajo
un interés común. La fuerza se adquiere mediante estos procesos organizativos
que van a transcender entre los mecanismos institucionales y procedimientos no
convencionales.
Las organizaciones campesinas; entre los
mecanismos institucionales y la participación no convencional
“[…] si se organizan las
comunidades habrá sostenibilidad, si una comunidad se salta algo así, la
acaban, ya que primero es organizarla y luego informarla para que se aseguren
en el tiempo, de esa manera y yo añadiéndole otro factor como la formación
ciudadana, porque aunque seamos del campo y muy bonitos, tenemos que ser
ciudadanos políticos” (campesino Caramanta)
Antes de entrar al estudio de las organizaciones campesinas, es
importante mostrar una de las múltiples definiciones teóricas acerca del
concepto de organización social.
Según
Claude Ménard:
“Llamaremos organización, a una unidad económica
de coordinación que tenga fronteras identificables y que funcione de manera
relativamente continua, con miras a alcanzar un objetivo o un conjunto de
objetivos compartido(s) por los miembros participantes. En otros términos, una
organización se caracteriza por: 1º) un conjunto de participantes; 2º) un
convenio, implícito o explícito, sobre ciertos objetivos y sobre los medios
acordados para expresar el propio acuerdo o desacuerdo sobre los objetivos o
sobre los mecanismos de disociación (contratos, renuncias, huelgas, etc.); 3º)
una coordinación formal, que defina una estructura caracterizada por su grado
de complejidad (la jerarquía), por reglas y procedimientos (la formalización),
y por su grado de centralización (la decisión)” (Ménard, Claude 1997: 20). Citado en (Machado,
2000)
Aunque las
organizaciones campesinas estudiadas no son en sí unidades económicas, la
propuesta de Menard permite identificar puntos que son dicientes frente a los
distintos factores que permiten y posibilitan la organización de individuos en
torno a intereses comunes.
Este tipo de
estudio lleva implícito el supuesto de que el campesino es un actor con un rol
activo en su medio social, que cuenta con ciertas capacidades que le permiten
reaccionar a un contexto social y económico que constantemente está transformándose, es decir, que las
concepciones más recientes sobre el campesino responden a las transformaciones de su entorno.
“Las organizaciones campesinas,
también llamadas organizaciones locales, comunitarias, rurales o populares son
agrupaciones de base, formales o informales, voluntarias, democráticas, cuyo
fin primario es promover los objetivos económicos o sociales de sus miembros.
Independientemente de su situación jurídica o grado de formalización se
caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un objetivo
común. Actúan conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la idea
del desarrollo “de abajo hacia arriba” y constituyen mecanismos para la
obtención de créditos, insumos, capacitación y otros servicios promoviendo el
bienestar de sus miembros. Los pequeños agricultores, trabajadores rurales,
campesinos sin tierra, y otros grupos desventajados de la población rural no
tienen poder de negociación suficiente para lograr que sus pedidos sean atendidos.
De ahí la importancia de agruparse y aunar esfuerzos para formular ante las
autoridades demandas que representen los intereses de la totalidad de sus
miembros.”(FAO, 1994)
La organización
campesina en Colombia ha tenido procesos variantes y luchas diversas a través
de la historia del país, en la medida que las organizaciones sociales han sido
pilares en la búsqueda de la democracia, de las luchas y reivindicaciones
asociadas a los procesos territoriales. Es así como los procesos organizativos
de los pobladores rurales han sido otra forma no convencional de participación
política, una lucha que ha estado trasegada por las discontinuidades de la
política nacional. El conflicto ha sido en este caso un motor, un escenario y
un motivo de la organización social campesina. El proceso de emancipación
social campesina no se ha generado a partir de reformas agrarias incluyentes y
efectivas, más bien, esta emancipación se ha generado a partir de la reacción
de los distintos actores a los intentos de reforma agraria que han fracasado.
Existen distintas
formas organizativas de los campesinos que van desde las subjetividades,-
sentidos y practicas - hasta los
intereses colectivos. Además, hay diferentes formas de luchas, desde la
armada hasta la participación directa en mecanismos institucionales de toma de
decisiones; distintas razones de luchas, que van desde la lucha por la tierra
hasta la lucha por la reivindicación como víctimas del conflicto. Así mismo, el
origen de estas luchas y sus intereses, van desde organizaciones de productores
hasta mujeres artesanas, lo que hace evidente la heterogeneidad de la
organización campesina. Lo importante aquí es recalcar que estas luchas han
sido un pilar fundamental para la construcción de la democracia en los territorios.
Un ejemplo notorio
de organización campesina alrededor de intereses políticos comunes, han sido
las gestadas en las zonas de reserva campesina[8], que
mediante dinámicas propias de su territorio han creado plataforma política y
han logrado interferir en el espacio de la toma de decisiones.
Es de anotar que la
organización campesina en Colombia ha trascendido sustancialmente. En la
actualidad se enmarca, entre otros tantos, en dos principales factores: uno la
lucha por la tierra, dado que las victimas se han organizado en defensa de una
memoria colectiva y de una reparación integral como víctimas del conflicto. Por
otro lado, la organización campesina se organiza en contra del modelo neoliberal, que bajo su aplastante
modernización del campo y las lógicas del mercado, han provocado nuevos
conflictos en el sector, lo cual ha acrecentado la organización del campesinado
en temas como la lucha contra la minería, la soberanía alimentaria, el
acaparamiento de tierras por las multinacionales, entre otros.
De este modo, la
participación política de un grupo presupone la superación del aislamiento
individual para constituirse en un actor colectivo, que busca promover un
cambio social favorable a los intereses de sus miembros u oponerse a un cambio
que los afecta. Las organizaciones sociales constituyen una forma de
participación política de un grupo o categoría social en acciones colectivas
que responden a necesidades comunes, desarrollándose una cierta identidad y
conciencia de intereses colectivos, diferenciados u opuestos de otros actores
sociales.
Los municipios
estudiados cuentan con diversidad de organizaciones sociales que agrupan a
distintos grupos sociales presentes en las localidades. Por un lado, están las
que legalmente constituyen espacios de asociación, como las Juntas de Acción Comunal,
y las Asocomunales, que son espacios institucionales veredales o barriales. Por
otra parte, existen asociaciones de productores que se asocian según su
actividad económica, así como organizaciones de pequeños campesinos productores
de alimentos que reivindican, entre otras cosas, la agricultura limpia,
agroecológica y la soberanía alimentaria como eje fundamental del desarrollo de
las comunidades.
En este proceso
investigativo nos hemos acercado a dos organizaciones sociales de base campesina
en los municipios expuestos. Por una parte está la ya mencionada organización
BIABUMA, que hace presencia en el municipio de Támesis. En Caramanta se
encuentra la ASAP, asociación que lleva más de diez años trabajando por el desarrollo
de los pequeños productores caramanteños.
Los municipios
cuentan con diversidad de organizaciones sociales. Sin embargo, para este
ejercicio nos hemos acercado a estas dos organizaciones, ya que se constituyen
como actores políticos visibles en las localidades, al igual que nos permitieron
identificar las dos vías de participación propuestas: Las institucionales con
las AMC y los CMDR; y los procesos organizativos que hacen una apuesta por
reivindicar procesos resistencias campesinas arraigadas a las desigualdades
sociales presentes en el campo y a políticas que no seas para el beneficio de
la comunidad. Es decir, resistencias frente a procesos hegemónicos y
homogeneizadores, resistencia[9] que se
considera fundamental para entender las lógicas de estas organizaciones.
Los procesos de
resistencia en los municipios pueden ser observados mediante la incorporación
de los campesinos a asociaciones que en conjunto buscan una reivindicación de
los proyectos comunes. Este es el caso de ASAP Caramanta y BIABUMA, las cuales son
organizaciones colectivas en donde los campesinos y las familias, de manera
voluntaria, se adhieren a los propósitos
y a los proyectos de resistencia, consistentes en la conversión del
sistema convencional a un sistema de producción caracterizado por los
siguientes elementos: producción sustentable
en el marco de la Soberanía Alimentaria; diversificación de Cultivos y
sembrados; sistema de trueque e intercambio (compra – venta) de semillas;
participación en la construcción de trapiches comunitarios; mejoramiento de la
calidad de los suelos; disminución significativa en la compra y utilización de
químicos; implementación de prácticas y técnicas agro ecológicas.
Vale resaltar que el
proceso de resistencia para los campesinos se realiza de manera colectiva, pues
corresponde a cuestiones culturales y tradicionales como respuesta a la ausencia de un agente público, puesto que en lugar de
impulsar políticas públicas agrarias, éste se ha aliado con las multinacionales
y los grandes empresarios para impulsar políticas neoliberales que atentan
contra la economía campesina. Por otro lado, la resistencia en lo social se
visibiliza promoviendo formas de organización, participación ciudadana y de
resistencia civil frente a medidas lesivas para este sector de la población.
Dentro de la
organización y la participación hay un factor determinante, el cual está
relacionado con los liderazgos, pues a pesar que no existe apoyo institucional,
el dinamismo de los líderes es el garante de la construcción de procesos
colectivos y, a su vez de resistencia.
Esta propuesta de
impulsar los cultivos agroecológicos[10],
permite afrontar y construir una soberanía alimentaria eficaz, pues “el modelo de agricultura, no fue, no es, ni
será jamás una agricultura sostenible. No satisface las necesidades de las
generaciones presentes, pero si compromete la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacerlas” (ASAP, 2006:13).
Sin embargo, por las pocas ganancias que
deja la producción agroecológica, los campesinos han optado por sembrar para el
auto consumo, con el fin de no dejar decaer esta forma de producción, que para ellos
es muy importante debido al buen uso que esto permite de la tierra. Los campesino
están en contra del uso de transgénicos u otras sustancias que atenten contra
el medio ambiente, además ellos no quieren dejar de lado las tradiciones con
las que formaron el consumo de producción autóctonos de la región.
Con relación a las
actividades adoptadas por los campesinos como un modo de resistir a las
condiciones impuestas por las nuevas dinámicas del mercado y el abandono de las
instituciones estatales, se puede mencionar que se ha creado un trapiche
comunitario de pequeños propietarios en donde se siembran pequeños cultivos de
caña que se transforman en panela. Éste es un proyecto agroecológico
alternativo, que tiene como finalidad buscar una dinámica económica que genere
ingresos para la comunidad campesina, y que se articule de manera coherente con
el proyecto de soberanía alimentaria que se lleva a cabo, circunstancia que
genera una mayor cohesión entre el campesinado:
“También trabajamos con la parte
de la caña, se está sembrando de
nuevo por que estamos en un proyecto de
un trapiche comunitario de pequeños propietarios, porque es de aparcería. Se está sembrando
lotecitos y parcelitas de caña, no
tenemos cuánto va a producir por que de acuerdo a la producción se va a
manejar ese trapiche entonces vamos viendo el área para ver que producimos.
Aquí predomina es el café, la economía es el café, aunque el cacao se vende y es más bien
calientico, de una temperatura templadita. No se tienen registros.” (Grupo Focal Caramanta)
A partir de esto
los campesinos notan que por sí mismos pueden producir sus cultivos,
dependiendo del clima, de los pisos térmicos y de la tierra, y teniendo en
cuenta que una manera para diversificar
sus siembras y lograr este propósito es a través del sistema de trueque o el intercambio (venta y compra) de
semillas para ver si estas se adaptan a sus fincas para el autoconsumo. Este
modo de recolección es nombrada de la siguiente manera:
“Yo recibo semillas para ver si en mi finca se pueden adaptar y como se
comportan para diversificar y puedo cultivar para el auto consumo y seguir
intercambio con las personas que estén interesadas. Buscando la forma de que no
se acaben las semillas, es decir, conservarlas porque a veces las semillas que
más le llaman la atención a uno son las menos comunes y recuperar las semillas
no con el fin de venderlas sino que no se vayan a extinguir del todo.” (Grupo Focal Támesis)
Otra de las iniciativas
de los campesinos, se da con la finalidad de evitar la propagación de los
monocultivos, puesto que estos impiden un desarrollo integral de la tierra,
además que obstaculizan el desarrollo de una autosuficiencia de la misma. Las
razones por las que resiste la comunidad campesina a la proliferación de los
monocultivos, recae en que los mismos afectan de manera directa la
productividad de la tierra, debido al uso de fertilizantes y plaguicidas
químicos, trayendo consigo la erosión.
Mediante la organización social se hace una apuesta
por participar políticamente, a través de procesos de resistencias e
iniciativas que las organizaciones han considerado como óptimas para el
desarrollo de sus comunidades. Los campesinos han optado por organizarse, en
tanto ven en esto un espacio amplio donde sus intereses individuales y
colectivos puedan ser expresados, y ven en la organización un espacio de
transformación de las estructuras políticas existentes en el municipio,
visibilizándose como un actor político activo que interfiere en las dinámicas
políticas locales.
“Con la organización uno comienza a ver algo
que es diferente en la sociedad que estamos viviendo, en la transformación y la
única forma es estar organizaos, donde todavía hay principios y cosas que son
buenas que no es la plata o la riqueza
que no es el sentido material o
de objetos, sino para mí la riqueza es
convivir y estar al lado de las personas y perder el sentido humanitario,
como seres integrales, cuanto todo es comercio
y consumismo pero que hay que tratar de seguir y luchar pensando en la transformación de la
sociedad, y que los jóvenes que vienen atrás serian mas auto sostenibles
con lo que tenemos en el campo tratar de hacerle bien a la sociedad, a las
personas.” (Grupo Focal Támesis)
Repensar la democracia en
el campo, una propuesta desde abajo
Es necesario replantear cómo se construye en el campo colombiano una
democracia, no en sentido formal sino real, vinculante de los distintos
sectores, para lo cual la sociedad civil tiene en sus manos un posible cambio
de paradigma del sector, mediante la organización social. Un modelo aplastante
y unas reformas fracasadas afianzan más la idea de que la solución debe de
venir desde abajo, desde los procesos colectivos de los campesinos, quienes a
través de sus luchas reivindicatorias buscan mejores condiciones para sus
territorios. Debe partirse de las identidades propias de reivindicaciones
locales y de una búsqueda constante de reconocimiento al campesino como un
actor político.
Absalón Machado afirma que:
"[…]
debe tenerse en cuenta que la Constitución solamente es una posibilidad para
desarrollar la democracia y modernizar la política, de tal manera que le
corresponde a las organizaciones sociales generar los procesos e instrumentos
que les permitan alcanzar esas metas [...]" (Machado et al, 1993: 99-100).
En este sentido, la participación política trasciende del ámbito
institucional a través de organizaciones
sociales que ejercen una participación no convencional, empoderando a los
campesinos para la búsqueda de reivindicaciones y luchas populares que logren
interferir las dinámicas establecidas del poder.
“La democratización
campesina debe de pensarse a partir de
las historias regionales, de los sujetos en permanente conflicto, y de
correlaciones de fuerzas en espacios locales. Los relatos de los actores
sociales plurales son los que realmente perfilan nuestra construcción
democrática, sin que eso signifique excluir las formas explicitas y formales de
democracia, y a las mismas elites del gobierno”
(Mesías García, 2004: 242)
Así pues, la idea de la democracia formal se revalúa a través de la
lucha campesina y de los procesos organizativos, de la consolidación de
experiencias que permitan construir una democracia desde abajo, desde las
diferentes representaciones de grupo que se consolidad en los territorios. Pensar
un campesino artífice y partícipe de los procesos que se desarrollan en sus
comunidades es la base para entender una nueva democracia, no desconociendo los
avances que puede traer consigo los mecanismos de participación que provienen
desde el ámbito institucional, pero sí considerando que son insuficientes, y
que para replantear la democracia en el campo es necesario pensarla en clave de
organización.
Apuntes finales para la
reflexión
Este trabajo más que conclusiones deja tres puntos de análisis que
merecen una amplia exploración y que son objeto de investigación: En un primer
lugar, es importante la identificación de la participación política del
poblador rural como pilar fundamental
para el desarrollo de las comunidades. Un segundo punto es la organización
social como base para la construcción de ciudadanía y de sujetos políticos
activos que reconfiguren las dinámicas del poder local. En un tercer punto, es
de anotar que la participación política en el campo, partiendo del análisis de
estas dos experiencias concretas, se desarrolla a través de las organizaciones, tanto en los
mecanismos institucionales, como mediante mecanismos no convencionales de
participación política, debido a que las lógicas de los mecanismos formales se
instauran en una democracia representativa, donde en últimas las decisiones no
son tomadas por ellos.
Finalmente, no podemos hablar de sujetos individuales activos, sino de
sujetos colectivos que en su experiencia y bajo la articulación de intereses
comunes construyen democracia en los campos colombianos.
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[1] Trabajo
preparado para su presentación en el VI Congreso Latinoamericano de Ciencia
Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
(ALACIP). Quito, 12 al 14 de junio de 2012. Área: participación, representación
y actores sociales. Mesa: participación rural.
[2] Integrante
del Semillero de Estudios Políticos Rurales, adscrito al Grupo de Investigación
en Gobierno y Asuntos Públicos. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Universidad de Antioquia
[3] Las
entrevistas realizadas serán mantenidas bajo criterio de privacidad, manteniendo la identidad de los individuos
que nos han suministrado información en absoluta reserva
[4] Esto es un
acercamiento teórico, no pretende profundizar el debate sobre la democracia, y
las nuevas acepciones que se han desarrollado a la luz de las sociedades
contemporáneas. Autores como Mouffe, Barber, Habermas, entre otros han
profundizado en la concepción teórica de una democracia con un componente
deliberativo.
[5]En efecto, el
territorio es considerado como un producto social e histórico —lo que le
confiere un tejido social único—dotado de una determinada base de recursos
naturales, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y una red de
instituciones y formas de organización que se encargan de darle cohesión al
resto de los elementos” (Sepúlveda, Echeverri ,
& Rodríguez 11-13 Abril de 2005, p. 1).
[6] La asociación agropecuaria de Caramanta (ASAP
Caramanta) nace en 1995 como una iniciativa de grandes productores lecheros, en
donde se buscaba reunir a los campesinos de la región para hacer convenios
entre pequeños y grandes productores de lácteos con el fin de ingresar a hacer
parte de Colanta S.A y un adecuado canal de comercialización entre los mismos.
Sin embargo, el uso de la misma para fines particulares impidió en gran medida
el desarrollo de proyectos comunitarios y fines comunes. Sin embargo, la salida
de los anteriores gestores da inicio a un nuevo rumbo de la asociación,
encaminándola de mejor modo a la resolución de problemas comunes y al
desarrollo de diversos conceptos, entre ellos el de soberanía alimentaria y
desarrollo integral de los sujetos y el campo. Los campesino que pertenecen a
esta asociación buscan diversificar sus cultivos con el fin de autoabastecerse
alimentariamente y no depender tanto del mercado, igualmente lo hacen para
tener alternativas ante una crisis, ejemplo de esto fue la crisis del café en
1995 en la cual los campesinos de la región se vieron altamente afectados por
no tener opciones de sostenimiento diferentes al cultivo del café. Siendo así
en la actualidad los campesinos buscan diferentes opciones en sus cultivos:
Café, leche, gallinas, cabras, vacas, cerdos, panela, mora, guanábana, naranja
y aguacates, plátano, plantas medicinales, entre otros.
[7] La
Asociación BIABUMA (vivir bien en embera), es una organización colectiva en donde los
campesinos y las familias del municipio de Támesis de manera voluntaria se adhieren a los
propósitos y a los proyectos de
resistencia consistente en la conversión del sistema convencional a un sistema
de producción, caracterizado por los siguientes elementos: Producción sustentable en el marco de la Soberanía Alimentaria,
principal mecanismo de resistencia. Diversificación de Cultivos y sembrados.
Sistema de trueque e intercambio (compra – venta) de semillas. Participación en
la construcción de trapiches comunitarios. Mejoramiento de la calidad de los
suelos. Disminución significativa en la compra y utilización de químicos.
Implementación de prácticas y técnicas agros ecológicas.
[8] El capítulo
XIII de esta Ley 135 de 1994, dedicado a la Colonización, establece las Zonas
de Reserva Campesina (ZRC) como figura destinada a fomentar y estabilizar las
economías campesinas de los colonos, así como a evitar la concentración de la
propiedad territorial; la Ley determina como ZRC las áreas de colonización y en
donde predominen los baldío.(Fajardo, 2002)
Esta característica sin duda se explica por la presencia de inconsistencias aún
no resueltas, que continúan entrabando el desenvolvimiento económico y social
del país y que, como en el caso de la propiedad agraria, ejercen su influencia
en amplias esferas del orden social
[9] Para
ilustrar mejor el tema de la resistencia campesina expresada en la construcción
de soberanía alimentaria, debemos remitirnos al concepto de resistencia
establecido por Norberto Bobbio, que como indica, desde el punto de vista del
léxico, el mismo término, se trata más de una reacción que una acción, de una
defensa más que de una ofensa, de una oposición más que de una revolución.(Norberto
Bobbio, Matteucci, & Pasquino, 2002, p. 1399)
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